Informe al XXV Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile.

"Nuestro congreso debe poner énfasis en su política de alianzas, establecer a firme la unidad y conformar un ambiente constructivo para la consolidación y desarrollo de la Nueva Mayoria. Todos y cada uno de los partidos contribuye al proceso de reformas y nosotros debemos contribuir para que ello sea cada vez más efectivo. Sabemos lo dolorosas que fueron las consecuencias por desavenencias en el pasado y hoy, de prevalecer estas, podríamos llegar a un fracaso o un retroceso impredecible en su profundidad. Junto con el fortalecimiento del movimiento social y en especial el sindical, la consolidación de la Nueva Mayoría es un factor esencial, la que pudiera verse incrementada con el acuerdo programático con otras fuerzas."

Compañeras y compañeros:

Vamos a dar inicio a la discusión colectiva del XXV Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile.

En el primer lugar de este Informe hemos querido transmitir, a los delegados y por su intermedio a todas y todos nuestros militantes, la propuesta de hacer de este Congreso el punto de partida del homenaje y actos recordatorios de la conmemoración de los 40 años de la detención y desaparición de la dirección clandestina del partido, encabezada por el compañero Víctor Díaz y del Equipo de Dirección Interior encabezado por el compañero Fernando Ortiz. En sus nombres recordamos y reconocemos a los centenares de detenidos desaparecidos y ejecutados comunistas, por cierto, sin dejar de expresar nuestro reconocimiento a todas las chilenas y chilenos que ofrendaron su vida en la lucha contra la dictadura, y lo hacemos reafirmando nuestro compromiso con la verdad y justicia y nuestra adhesión absoluta a la lucha contra la impunidad.

Solicitamos, con nuestro más profundo sentimiento de admiración, por su ejemplo de lucha y su entrega a nuestros ideales, un minuto de silencio por nuestros queridos compañeros y compañeras….
Queremos también dejar establecido, como se merecen, nuestro reconocimiento a los camaradas Luis Corvalán y Volodia Teitelboim, a cien años de su nacimiento que se cumplen este año, ambos Secretarios Generales de nuestro partido, que nos han dejado un legado señero de lucha y experiencia de conducción política en momentos de profundos cambios y también de convulsión política y social en nuestro país.

Y como no recordar a nuestra querida Gladys, en momentos en que despuntan conquistas en pro de la igualdad y la dignidad de la mujer chilena y cuando en Chile se concretan muchos de los objetivos que ella propuso al país, confiando plenamente en la lucha y en la fuerza de los trabajadores y el pueblo.

Con toda seguridad cada uno de los presentes tiene el recuerdo de preciados compañeras y compañeros, no podemos nombrarlos a todos, pero todos están presentes. Como lo está Pablo Neruda, nuestro insigne compañero poeta, premio Nobel de literatura, Senador de la República, exiliado por la “Ley Maldita”, embajador de la solidaridad y candidato a la Presidencia de la República.
Fallecido a pocos días del golpe. Sus restos óseos serán devueltos a su casa en Isla Negra este mes de abril, después de una serie de estudios, sin que aún se haya podido determinar, a ciencia cierta, la real causa de su muerte, bajo la sospecha de que pudo haber sido provocada. Estamos muy atentos a lo que determine la justicia, a la que hemos apelado, ante las dudas que plantean una serie de antecedentes. Nuestra exigencia es conocer la verdad.

Podemos decir que la lucha de los pueblos es un continuum, en el que los objetivos revolucionarios pasan de generación en generación, con épocas de avances y retrocesos profundos, con adecuación permanente a los nuevos tiempos, sin que ello debilite la fuerza de las ideas y las concepciones sobre las transformaciones que debe sufrir necesariamente la sociedad en pro de establecer los espacios de libertad, igualdad y dignidad para cada ser humano. En este suceder de la historia de nuestros pueblos, hay hombres y mujeres que trascienden y hoy, frente a lo que está sucediendo en Chile y también en América Latina, en tiempos de aguda confrontación de ideas, en la que surge de nuevo el peligro de la asonada violenta contra los avances democráticos y progresistas de nuestras naciones, queremos una vez más, por todo su significado, resaltar la figura del compañero Presidente, Salvador Allende Gossens.
Compañeras y compañeros:

Han pasado algo más de 4 años desde el congreso anterior y todo lo transcurrido nos llama a realizar un balance de lo que ha sido nuestro quehacer y nos conmina a fijar el rumbo para alcanzar los objetivos de nuestra política presente y futura.
Como es sabido por todos, es la primera vez que realizamos un Congreso siendo partícipes de un gobierno y es indudable que ello caracteriza el momento político que vive el Partido.

En toda la etapa previa al Congreso Nacional, en las asambleas de células, en los congresos comunales y en los congresos regionales, la gran mayoría ha valorado el paso que definió nuestro ingreso al gobierno y estima que se ha avanzado en el cumplimiento del programa y en la aprobación de leyes que significan reformas estructurales o importantes avances en la democratización de nuestro país.

Hemos llegado a la mitad del período presidencial, en que la Nueva Mayoría, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, ha logrado la aprobación de una gran parte de las leyes comprometidas con el pueblo. Ha sido un proceso inédito de reformas democráticas y progresistas en los últimos 40 años, incluidos los 17 de la dictadura de profundo retroceso en todos los planos.
Es preciso tener presente todo lo avanzado, de lo contrario no podríamos situar de manera correcta el significado del paso histórico de comprometernos con el proceso de reformas.
Hemos logrado en este tiempo terminar con el sistema electoral binominal e Instituir uno proporcional. Junto a ello establecer una nueva Ley de Partidos Políticos, con exigencias de probidad y transparencia.
En el mismo ámbito, se promulgó la reforma constitucional que dota de autonomía al Servicio Electoral y por fin se instauró el voto de los chilenos en el exterior.

Esto unido a la ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia que impone el término de la perversa relación entre negocio y política.

impuesto la eliminación del financiamiento compartido y del lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, determinando el fin del cobro del copago.
Uno de los elementos de mayor relevancia es la aprobación de la ley Corta sobre Gratuidad en la educación superior, que permite asegurar la posibilidad de cursar estudios de educación superior, a todos aquellos estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población y que en el caso de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica se beneficiaran con el aumento de las becas Nuevo Mileno.

La ley sobre Carrera Docente significa avances históricos para los docentes chilenos, y significa entre otras materias, una reajustabilidad general, avance en la carrera por mérito y el fortalecimiento de la formación inicial.
Debemos resaltar también la ley que crea 15 CFT estatales para avanzar en el mejoramiento de la provisión de oferta de educación técnico profesional en el país.

La ley que establece Planes de formación ciudadana y que garantiza que todos los establecimientos reconocidos por el Estado, cuenten con un plan explícito para abordar la formación ciudadana de sus estudiantes y la ley que Crea la Universidad Estatal de la Región del Libertador General Bernardo O`Higgins y Universidad Estatal de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Se ha introducido una reforma a la institucionalidad muy relevante que crea el Ministerio de la Mujer, que fortalece los planes y programas que promueven la equidad, de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado.
A ello debemos agregar los criterios de paridad de género incorporados a la reforma del sistema electoral y a la ley de partidos políticos, que implica reconocer y actuar para subsanar la representación de las mujeres en los espacios de decisión política. También se beneficia a mujeres con la promulgación de la ley de trabajadoras y trabajadores de casa particular, como también la ley para las manipuladoras de alimentos.

Nos parece relevante la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Que tendrá como misión "promover la sanción y reparación de crímenes de guerra, especialmente aquellos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990"
Y en este plano, finalmente la ley de Fortalecimiento del SERNAC, que mejora sus facultades fiscalizadoras para prevenir y sancionar los abusos contra los consumidores.-

Se han aprobado dos reformas que apuntan a establecer derechos para una lucha más equilibrada de los trabajadores por sus reivindicaciones laborales y la que posibilita el ingreso necesario hacia el estado de fondos para financiar las reformas de carácter social. Nos referimos a la Reforma Laboral y a la Reforma Tributaria.
Como se puede observar lo conseguido hasta hoy es contundente y se ha contado para ello con la voluntad política de la Presidenta y la acción mancomunada de los partidos y parlamentarios de la Nueva Mayoría y han tenido un alto grado de incidencia los actores sociales, la CUT, el Colegio de Profesores, el movimiento estudiantil, el Colegio de Periodistas y otros que desde diversos ángulos han fortalecido las posiciones más pro reformas.
Queremos resaltar el hecho que en la última reunión de la Presidenta con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría y los jefes de bancadas parlamentarias, La Presidenta reafirmó su voluntad de consolidar lo logrado hasta hoy, mantener el rumbo respecto de las reformas que faltan y hacer una gestión más exigente para dar cuenta de demandas de la ciudadanía.
Las encuestas, con todo lo desfavorables que parecieran ser para el gobierno, los partidos y la institucionalidad, no pueden dejar de señalar que en medio de la confrontación política con la derecha, que usa todo su poder mediático para oponerse y desacreditar el proceso de reformas, estas aparecen siendo positivamente consideradas por una mayoría creciente de la ciudadanía.
Pero también debemos considerar que esta base objetiva favorable a los cambios se ha visto debilitada. La crisis de representatividad y de confianza, el grave atropello a la fe pública, ha hecho a muchos perder de vista el proceso de cambios que se está llevando a cabo y esto pudiera resultar grave a la hora de plantearse la continuidad, en otro periodo gubernamental, del programa de reformas.

Lo decimos, porque estos dos años de gobierno de la Nueva Mayoría han sido complejos. Se ha enfrentado el ataque permanente de la derecha, las amenazas veladas de los principales grupos económicos criollos, un acoso mediático desenfrenado, y a ello se suman los escándalos de corrupción que emergieron desde el ámbito de los negocios, pero que rápidamente se trasladaron al mundo político, afectando incluso a la propia familia de la presidenta.
Debemos tener muy presente que la derecha está muy lejos de ser un adversario derrotado, incluso se siente con capacidad para disputar expresiones de descontento social y de masas, aun cuando su desprestigio aumenta día a día, y que como más de alguno de sus filas lo ha insinuado, está por los suelos.

Por otra parte, al interior de la NM hay sectores minoritarios que han buscado acotar o reducir el sentido de las transformaciones.

Resulta preocupante que justo cuando comienzan a consolidarse las reformas también se agrave la crisis de legitimidad de la política, a través de un cuestionamiento abierto a instituciones, como el congreso, los partidos políticos y el propio gobierno. Es un hecho que la apatía política dio sus primeras señales en 1997 con la aparición del voto nulo, la abstención y la no inscripción en los registros electorales; a causa de lo que se consideraba el continuismo del legítimo modelo impuesto por la dictadura. Pero ahora estamos hablando de una desafección ciudadana sin precedentes en la historia reciente del país que se expresa con mucha más virulencia.
Hay que estar alertas, pues ante el avance de un proceso de democratización, en el que la clase dominante ve cuestionada su hegemonía y pierde el control absoluto que gozaba sobre el mundo político, una opción posible es que sencillamente apueste por la “destrucción” de la política actual y sus figuras más emblemáticas, esperando que la apatía ciudadana sea un terreno fértil para inventos mediáticos al estilo Farkaso figuras de los realitys, fáciles de manipular y de poner nuevamente a su servicio.
La consolidación de las reformas -como la gratuidad en la educación superior- y su continuidad con un nuevo gobierno, es la mejor receta contra la despolitización.
Pero este proceso estructural de mediano plazo debe ir acompañado de un discurso que reivindique nuestra independencia frente a la intromisión del dinero en la política y la vocación de servicio público que caracteriza a los comunistas.
Los comunistas, que no hemos estado involucrados en los hechos de corrupción, tenemos fuerza moral como para encabezar la lucha contra estas prácticas deleznables, teniendo claro que tras la corrupción se esconde la intromisión del poder del dinero en la política, pues se busca subordinar a los servidores públicos a los intereses del poder económico, torciendo la voluntad soberana de las grandes mayorías.
La lucha contra el gran capital también se expresa en la denuncia de los abusos que diariamente cometen las grandes empresas contra los chilenos como la colusión, los cobros indebidos y otros que son pan de cada día.
En beneficio del gobierno, los partidos de la NM y el parlamento, es necesario decir que hemos avanzado en aprobar leyes de transparencia y probidad que establecen normas muy severas para quienes cometan este tipo de ilícitos. Se trata de drásticas leyes anticorrupción que pretenden poner fin a un vicio heredado desde la dictadura.

I.- El Factor Político - Social.
En el análisis del momento político que vivimos, será preciso poner en primer lugar la valoración de un asunto sustancial: el hecho de que en un largo proceso de avances y frustraciones, se han ido consolidando condiciones objetivas para llevar adelante los cambios democratizadores y de justicia social y para concretar exigencias políticas de larga maduración en la conciencia social.
No se habrían podido llevar adelante las reformas aprobadas hasta hoy y las que vienen, sin mediar este factor objetivo, que ha sido construido por la acción persistente de nuestro partido y otras fuerzas políticas, como parte de la confrontación política con la derecha, que defiende, con todo, el injusto sistema antidemocrático y de distribución de la riqueza implantado por la dictadura.
Pero hay que decirlo claro, es una condición que en lo fundamental ha sido producto de la lucha de masas, de los sectores organizados de trabajadores, estudiantes, pobladores y otras organizaciones sociales, que han generado por momentos una alta convergencia, con manifestaciones multitudinarias y unitarias, que permitieron generar condiciones y abrir paso al acuerdo programático, que se concreta en la Nueva Mayoría y la consiguiente conquista del gobierno por estas fuerzas políticas.

II.- El papel del sujeto principal.

Son muchas las identidades en un país diverso como el nuestro que demandan justicia social e igualdad, pero es indudable, el papel central y protagónico que juegan los trabajadores y su principal organización sindical, la CUT. El rol de apoyo social y político de la Central se ha expresado en tantas luchas, como fue el apoyo incondicional al gobierno del presidente Allende, en la lucha contra la dictadura por la recuperación de la democracia y hoy en el empuje para las transformaciones que demanda Chile y que en estos últimos 3 años ha sido conducida por una militante del Partido Comunista.

Siendo los trabajadores el sujeto principal de los cambios, tiene validez plantearnos la consulta respecto del “rol que le corresponde al movimiento sindical en el actual momento político”, especialmente cuando se inicia el período de culminación de la experiencia de un gobierno cuyo programa se caracteriza, en lo fundamental, como un programa de reformas democráticas, pero que se encuentra fuertemente tensionado.

Señalamos dicha interrogante, por cuanto no podemos dejar de reconocer que al interior del sindicalismo chileno algunos sectores minoritarios plantean cuestionamientos al proceso de reformas y que se formulan con ocasión de conflictos sectoriales y respecto de iniciativas de ley, en especial sobre al proceso de reforma laboral y también de la reforma a la educación.

Los conflictos que han tenido lugar entre organizaciones de trabajadores y organismos del Estado en diversos ámbitos de la actividad productiva y de los servicios, la mayoría de las veces, han sido expresión de legítimas reivindicaciones surgidas a partir de la aplicación de políticas neoliberales anteriores al actual gobierno, en cuyo tratamiento y solución ha existido conservadurismo e indefiniciones, lo que ha sido aprovechado por la actividad oportunista de sectores interesados de derecha y de ultraizquierda para llevar agua a sus molinos buscando desacreditar el proyecto de la Nueva Mayoría entre los trabajadores y al mismo tiempo afectar la unidad en el movimiento sindical y social.

Frente a estos niveles de conflictividad, que continuará en la medida que persisten situaciones de menoscabo económico y legal instaladas por las políticas neoliberales, los comunistas no podemos tener duda alguna que cuando ellos expresan muy justas aspiraciones de los trabajadores, es necesario que el gobierno busque soluciones efectivas, en la medida que no contradigan ni impidan el proceso de reformas, como por ejemplo frente al movimiento del sector público de Atacama por el nuevo trato.
Los desafíos que debemos abordar en el presente, caracterizado por mayores dificultades para formar una identidad clasista, dada la menor gravitación de un proletariado industrial y la mayor presencia de trabajadores de servicios y de labores temporales y tercerizadas y de nuevas generaciones, que no son portadoras de las experiencias de lucha social y en contra de la dictadura, nos plantean un nuevo y mayor desafío, el de generar un movimiento sindical que dé cuenta de la nuevas condicionantes de la presente etapa.

Bajo dicha perspectiva, la reforma laboral aun con las limitaciones introducidas en su texto favorece a los trabajadores y precipitará un crecimiento del movimiento sindical y aumentará la disputa por la conducción de la CUT, siendo una urgencia que nuestro partido diseñe formas de abordar las dinámicas laborales de diversos grupos de trabajadores, y estar preparados para la irrupción y disputa con un sindicalismo corporativizado que también intentará liderar posiciones.

Por ello aparece como de importancia estratégica la próxima elección en la CUT y también la del Colegio de Profesores.

Con todo, sea cualquiera el carácter o el lugar que ocupen los trabajadores en el proceso productivo, lo esencial es mantener vivo y en creciente desarrollo y fortalecimiento el sindicato, que es el instrumento de clase, unitario y base de la fortaleza del movimiento sindical chileno y que como mejor puede lograr su misión es ligado a la Central Unitaria de Trabajadores.

El partido debe redefinir como un quehacer principal su presencia en el seno del pueblo y en relación con otras fuerzas políticas. Nuestra contribución a fortalecer el movimiento social y en especial el sindical debe ser cuantitativamente superior.
En ese camino debemos destacar la alta convocatoria que tuvo la movilización nacional de la CUT que refleja un estado de conciencia clara sobre lo que los trabajadores chilenos quieren para el país y sobre todo lo que atañe a sus derechos y a toda la sociedad.
Queremos destacar el papel de nuestros dirigentes de la CUT, del Colegio de Profesores, de las organizaciones de la salud, de la administración pública y de una serie de federaciones y sindicatos que han sabido sacar adelante un proceso unitario por las reformas, en esto también han jugado un rol importante organizaciones como la CONES y varias federaciones universitarias, las agrupaciones de derechos humanos, dirigentes del subcontrato y trabajadores transitorios.
Ha sido un acierto que en la mayoría de los congresos de base y comunales del partido estuvieran presentes dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría y dirigentes sociales. Tal forma de hacer política debe prevalecer sobre el trabajo internista que no conduce al cumplimiento del programa. Y no puede ser algo sólo puntual, se trata de organizar, planificar y desarrollar todos los días un intenso trabajo de contribución al fortalecimiento de la presencia, la acción y la determinación política del movimiento social.

III.- La Nueva Mayoría y su proyección.

Como hemos dicho, la labor legislativa de la Nueva Mayoría ha sido fructífera, sin embargo es de alta complejidad lo que falta por hacer: entre ello está la desmunicipalización o fortalecimiento de la educación pública, la ley de calidad y gratuidad de la educación superior, la descentralización de la administración del estado y la elección de intendentes, la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales que fue aprobado en primer trámite constitucional en la Cámara, en la que le ha correspondido jugar un rol muy importante a nuestra Ministra de la Mujer. La creación del ministerio de “Las Culturas”, el de Pueblos Indígenas, la conformación de los Consejos de los Pueblos Indígenas, la normativa para el voto de los chilenos en el exterior.
Y en especial debemos encarar todo el proceso constituyente para dotar a Chile de una Nueva Constitución Política.
Varias de estas leyes se constituirán en procesos que para entrar en régimen necesitan de varios años, tiempo que trasciende el actual período presidencial y por tanto necesitamos proyectarnos para consolidar las reformas, en especial las estructurales y la aprobación de la nueva Constitución.

La Nueva Mayoría debe mantenerse unida y en disposición de cumplir sus compromisos, aun teniendo en cuenta las dificultades de tipo económico y de desconfianza ciudadana.

Para los próximos dos años de gobierno es urgente y necesario, tal como lo señala nuestra convocatoria de Congreso: “consolidar los cambios para seguir avanzando”; esto nos llama a direccionar nuestros esfuerzos e impulso transformador, con precisión y oportunidad, a la materialización de políticas públicas y legislaciones que promuevan credibilidad ciudadana respecto de la acción del Estado, se orienten al fortalecimiento de los derechos sociales y a limitar los abusos, que a la postre permitan a nuestro pueblo recuperar la confianza en la democracia, se sienta convocado a defenderla, valorarla y profundizarla, y a seguir transitando en cambios profundos en un Chile muy desigual.

Estamos por impulsar medidas y legislaciones que, desde el punto de vista de nuestra incidencia política, sienten las bases en el Estado para reformas en un próximo gobierno de la Nueva Mayoría, especialmente en el ámbito de:

- Las pensiones y seguridad social.
- La protección integral de los adultos mayores.
- La salud pública de calidad.
- Una Reforma a la ley de municipios.
- Una ley que regule la situación de los trabajadores del Estado descentralizado, en especial lo referido a honorarios.
- Ley de Comunicaciones.
- Nueva estrategia de desarrollo con valor agregado.
- Una Nueva Constitución.

Hay algunos que plantean que la NM no es un conglomerado de partidos de una misma concepción filosófica, es evidente que es así, pero es un acuerdo programático en el que se han puesto por sobre las diferencias lo que nos une, la vocación por una democracia más participativa, por una mayor igualdad, por la justicia social y por los derechos humanos, sociales y culturales. Nos une la responsabilidad por un desarrollo sostenido y sustentable del país.

Es por ello que nuestro congreso debe poner énfasis en su política de alianzas, establecer a firme la unidad y conformar un ambiente constructivo para la consolidación y desarrollo de la NM. Todos y cada uno de los partidos contribuye al proceso de reformas y nosotros debemos contribuir para que ello sea cada vez más efectivo. Sabemos lo dolorosas que fueron las consecuencias por desavenencias en el pasado y hoy, de prevalecer estas, podríamos llegar a un fracaso o un retroceso impredecible en su profundidad. Junto con el fortalecimiento del movimiento social y en especial el sindical, la consolidación de la Nueva Mayoría es un factor esencial, la que pudiera verse incrementada con el acuerdo programático con otras fuerzas.

IV.- La lucha electoral.

En las últimas batallas electorales el partido ha logrado avances importantes. Las elecciones municipales que vienen se constituirán en una lucha difícil porque de acuerdo a la reforma electoral hay más partidos constituidos, varios de los cuales son del campo de la izquierda y por tanto nos van a disputar nuestro nicho electoral.
Será también un factor de cierta complejidad las nuevas normas sobre gasto y propaganda electoral. Quienes no cumplan con estas normas podrían perder el cargo.
Nuestros alcaldes y alcaldesa tienen prestigio popular por su desempeño, sin duda ha marcado a nuestras alcaldías la instalación de la farmacia popular en Recoleta, una acción que comprueba que desde los municipios también se puede luchar contra las políticas neoliberales a ultranza como es en el caso de los remedios para la población.
Con todo, este Congreso tendrá que asumir la importancia de la elección municipal que tendrá una significativa incidencia en las próximas contiendas electorales para elegir parlamentarios y sobre todo la candidatura presidencial que son claves para la continuidad del proceso. Las futuras autoridades partidarias de todo nivel deben abocarse a concretar planes que aseguren nuestros propósitos de aumentar la votación en concejales y elegir más alcaldes y concejales, asegurando al mismo tiempo el triunfo de la Nueva Mayoría sobre la derecha.
Nuestros consejeros regionales también han desarrollado una importante labor apoyando a nuestros alcaldes y concejales.
En cuanto a parlamentarios, logramos subir de 3 a 6 diputados. Al hacer un balance de su cometido debemos destacar que la acción de la Bancada del Partido, desde su instalación ha significado fortalecer la presencia política y social del partido en el plano nacional y también en determinados territorios. Ha significado un fortalecimiento del accionar de la dirección en su papel de conducción política, sin que ello signifique suplantar a los órganos de dirección partidaria a los cuales se encuentra supeditada.
En el plano legislativo, sus aportes han estado orientados en primer lugar a la aprobación de las leyes que dan cumplimiento al Programa de gobierno.

Asimismo, ha aportado en el ámbito del debate político, a través de indicaciones y mociones convergentes con los objetivos programáticos.

Como factor de unidad de la Nueva Mayoría nuestros diputados han sido muy contribuyentes en el procesamiento de las diferencias con los demás partidos del bloque, demostrando lealtad con la Presidenta y con el Programa de Gobierno.
La Bancada ha desplegado iniciativas políticas complementarias a la acción legislativa, que significaron también influencia en la agenda y un mayor posicionamiento del Partido. Debemos destacar su rol en el contexto del caso PENTA, el caso SOQUIMICH y el caso CORPESCA en momentos en que la derecha simbolizó la corrupción y los vínculos torcidos entre el dinero y la política.
Ya a principios de marzo de 2015 se habían adelantado varias propuestas que formaron parte, con posterioridad, de la agenda de transparencia impulsada por el gobierno. Se propuso la sanción de pérdida del escaño, prohibición de los aportes de empresas a campañas, penalización de la colusión, disminución de los límites de gasto electoral, entre otras medidas.
Al defender la gratuidad ante el Tribunal Constitucional (TC), se posicionó como actor relevante para la aprobación de la gratuidad en la educación superior.

Durante la tramitación de la Ley de presupuestos 2016, se logró disminuir a la mitad el Aporte Fiscal Indirecto a las universidades, con el compromiso del Gobierno de ponerle fin a este mecanismo regresivo que significa ingentes transferencias de recursos estatales a universidades con fines de lucro. Se trata de un avance que satisface una histórica reivindicación del movimiento estudiantil
En la misma discusión sobre Presupuesto se planteó terminar con el subsidio forestal establecido en el DL 701 que ha beneficiado a las grandes forestales, entre ellos al Grupo Matte. Esto generó un hecho político que se tradujo en el rechazo parlamentario a la asignación presupuestaria.

La moción para la nulidad de la ley de pesca, tuvo un alto impacto en la opinión pública pues instaló en el centro de la agenda la necesidad de eliminar normas legales obtenidas por grupos económicos por la vía del cohecho. Por otro lado, abrió un escenario propicio para reformar sustantivamente la Ley Longueira, motivando como respuesta política del Gobierno, la instalación de una mesa de trabajo con ese propósito que ya da sus primeros frutos.

Nuestros diputados (as) hicieron una importante contribución a la ley de partidos políticos con varias indicaciones aprobadas, entre otras, el cambio del concepto de partidos políticos establecido en el proyecto y el reconocimiento legal de las estructuras partidarias en el exterior. También se logró ampliar el derecho de asociación política, estableciendo el derecho de los extranjeros residentes en Chile por más de 5 años a militar y se eliminó la prohibición a los funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público de pertenecer a un partido. Además se reconoce la figura del congreso partidario.
Debemos destacar la Moción de los comunistas que tipifica el delito de tortura u otros tratos o penas degradantes, que menoscaban gravemente la dignidad de la personas, este delito será castigado con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo (5 a 10 años).
De igual forma destacamos aquella que prohíbe el homenaje y/o exaltación de la dictadura cívico-militar, que busca impedir “homenajes o exaltaciones” de la “dictadura cívico militar”, entendido por tal “a todo objeto o actividad que comprenda tanto actos de honor, apología o alabanza, como de negacionismo y justificación respecto del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Y fue aprobado en primer trámite la moción que determina una indemnización de 2,5 días por mes para trabajador por obra, faenas o servicios.

Por otra parte están aprobados y despachadas las leyes que permiten levantar monumentos en homenaje a Gladys Marín y a Luis Emilio Recabarren y está en curso la aprobación de la construcción de un monumento – memorial en homenaje a Víctor Jara. Es un gran compromiso que debemos empezar a concretar nombrando comisiones a cargo de su ejecución.
Recordemos también que nuestra bancada desde un comienzo propuso rebajar en un 50% los ingresos de los parlamentarios, lo que en un principio fue rechazado, pero que hoy se abre paso en otros partidos, si bien es cierto no en un 50%, pero si en un porcentaje que supera el 20%.

Lo que viene significa importantes desafíos, ya que nos proponemos firmemente elevar el número de representantes del Partido Comunista en el Parlamento lo que tendrá un efecto determinante en las futuras correlaciones políticas para el cumplimiento de los fines programáticos que se determine para un futuro gobierno.
Desde ya se tendrán que tomar todas las medidas tendientes al fin de elevar nuestra votación en las parlamentarias, elegir senadores y elevar nuestra cantidad de diputados.

V.- La política y las Comunicaciones.

La derecha -como correlato directo de los intereses de grandes corporaciones- en toda la situación que se vive en distintos países en América Latina, hace uso de tácticas que forman parte de una misma estrategia desestabilizadora de gobiernos de signo progresista, o de izquierda, que han surgido producto de la incapacidad del capitalismo para dar respuestas racionales de solución de las demandas populares y atender a los derechos de las personas.
Una táctica es la de confundir a la opinión pública y hacer creer que las dificultades económicas -que en un mayor porcentaje dependen de la exportación de materias primas y de otras situaciones externas, como la baja en los precios de los commodities- son producto de las reformas de carácter social. En algunos países esto va acompañado de campañas destinadas a agudizar las dificultades económicas para perjudicar sobre todo a la población más vulnerable y a la llamada “clase media”, y así desafectarlas de los gobiernos, sobre todo en los eventos electorales.

Cuestión aparte es analizar cómo los gobiernos de izquierda debieran revertir esta situación.
Dicha táctica, amparada en los privilegios comunicacionales de la derecha, le permite esquivar el bulto a su gran responsabilidad y usar los encausamientos jurídicos de la corrupción en contra de gobiernos progresistas. En las primeras planas de Brasil, Argentina, Chile y ahora Bolivia, se involucra a presidentes o ex presidentes y a las más altas autoridades ejecutivas, tengan o no responsabilidad. Esta táctica por cierto tiene bases concretas, que no son otras que los delitos y faltas a la ética en la que se coluden empresarios y dirigentes políticos para defraudar al fisco, pero también para cometer cohecho en la aprobación de las leyes, como ocurre en nuestro país. La derecha, que es la que ha estado más involucrada en esta clase de actos, plantea la afirmación de que todos son corruptos, trasladando su propia responsabilidad como una forma de desacreditar a la política y a las instituciones.
Toda la estrategia, dirigida a mantener sus intereses amenazados por la lucha de los pueblos, se concretiza en un aspecto fundamental: la política comunicacional que pueden llevar adelante casi sin contrapeso, porque son dueños de cerca del 100% de los medios de comunicación. La política comunicacional es continental e interviene en todos los países con una hegemonía muy difícil de contrarrestar.

En el fondo se trata de una lucha por la hegemonía cultural, ya que las fuerzas conservadoras pretenden mantener todo aquello que favorece sus intereses, como el consumismo exagerado, el individualismo, la ganancia y el lucro incontrolado.
Es un gran desafío para nuestros intelectuales y cultores del arte el contribuir en esta lucha, por la cual el Partido debe considerar la cultura como un frente de lucha de primera importancia. Siempre un proceso de cambio ha estado imbuido de actividad cultural comprometida y hoy ello se constituye en un gran desafío.

En Chile se han propuesto desvirtuar todas las reformas, falsear los efectos de las mismas, manipular las noticias al extremo de convertirlas en su contrario, exacerbar las dificultades que se producen en el día a día de temas como la salud, la delincuencia, la situación de la Araucanía y también las diferencias que se producen al interior de la Nueva Mayoría. Al mismo tiempo se llevan adelante campañas, abiertas o soterradas, para denostar a sectores comprometidos con los cambios, o montajes de los cuales ha sido y es objeto nuestro propio partido.

La Convocatoria al Congreso contiene propuestas que se deben tener en cuenta, es perentorio que el próximo programa de gobierno incorpore entre sus propuestas programáticas, una reforma estructural del sistema de medios, trabajando la idea de una ley que permita garantizar la existencia de pluralismo, a través del fortalecimiento y/o creación de medios públicos, del límite a la concentración de la propiedad en manos privadas y la protección y fomento de los medios locales, sindicales y sociales.
Paralelamente a esa importante batalla política del más alto nivel, es urgente que durante los próximos años nuestro partido fortalezca el funcionamiento de su Área de Comunicaciones. Se requiere con urgencia dotarla de más cuadros y herramientas para desarrollar una amplia política de comunicaciones en el Partido, que dé cuenta de los desafíos del periodo, y que revierta la debilidad orgánicaderivada de la inexistencia de encargados del tema en Direcciones Regionales y Comunales, lo que redundará en un trabajo directo hacia los medios de comunicación de nuestro partido. Esta articulación orgánica permitirá avanzar en la vinculación efectiva de todos los periodistas y comunicadores sociales militantes de nuestro partido.

De la misma manera, el Derecho a la comunicación y libre expresión del pueblo, debe ser incorporado conceptualmente a las candidaturas de nuestro partido y exigido como parte fundante del articulado de la Nueva Constitución.

En la misma medida resulta de suma importante fortalecer la organización de los trabajadores de las comunicaciones, a través de instancias tan relevantes como la sindicalización y la organización de masas, cuyo referente por excelencia es el Colegio de Periodistas de Chile. Cabe destacar que este 2016 en el mes de agosto se desarrollarán las elecciones nacionales y regionales del Colegio de Periodistas y será importante que el Partido conduzca articulaciones que permitan obtener mayorías en las directivas regionales y la nacional, tomando en cuenta como principal objetivo mantener la presidencia a nivel nacional.

Tal como lo hiciera Luis Emilio Recabarren con sus periódicos obreros, nuestros medios deben buscar ganar las conciencias de los trabajadores en su más amplia expresión, no sólo de aquellos que militan.
Llamamos también a que cada comunista sea un comunicador. Para ello se necesita estar informado y apertrechado de las políticas del partido y de la opinión pública de este frente a cada situación. La política comunicacional es también de masas y sobretodo de relación directa del partido con las masas, sin desdeñar medios tradicionales eficaces como los papelógrafos, los volantes y todo lo que ayude a plantear nuestras ideas y propuestas.
VI.- La lucha política en el terreno de la economía.
Este es un terreno complejo en nuestra discusión por tanto debemos preguntarnos como desatar todos aquellos nudos que atenazan nuestra economía y el desarrollo del país, considerado este como una forma de posibilitar que en nuestra sociedad exista más igualdad y justicia social.

La derecha, que ve peligrar sus intereses de clases, empuja con su fuerza fáctica y político-mediática hacia un escenario adverso.

Esto, porque es evidente que reformas como la tributaria, la del sistema educacional y la reforma laboral, en forma gradual van cambiando la esencia del sistema neoliberal impuesto en nuestro país, traspasando al Estado parte del lucro y las excesivas utilidades de las grandes empresas y obligando a este sector, que se ubica mayoritariamente en el 0,1% de los más ricos del país, a contribuir a un proceso de redistribución de la riqueza.

Existe una compleja situación internacional que golpea a casi todas las economías de los países emergentes, que como efecto del término del súper ciclo de precios de las materias primas, sufren de un deterioro creciente.

Ante este panorama, hay quienes quisieran buscar la solución del bajo crecimiento económico en los propios mecanismos de “ajuste automático” de una economía como la chilena. El neoliberalismo, en estos casos, recomienda una vez más reducir el gasto fiscal y ajustar empleos y salarios a la baja por la vía del mercado.

De otro lado, está la visión alternativa de los que consideran que en momentos de depresión de la inversión privada, corresponde principalmente al Estado a través de una política fiscal y monetaria, activar las palancas reactivadoras.

En este cuadro se realizó un “ajuste” del presupuesto nacional por un monto de 540 millones de dólares. El fundamento del recorte fue la estrechez de la caja fiscal (generada por el mismo menor crecimiento), el temor a un excesivo endeudamiento con el exterior y, en definitiva, a un desbalance que comprometa la meta de la regla estructural auto impuesta por los gobiernos desde el año 2004.El Ajuste Fiscal del 2016, obedece a una lógica de equilibrios macroeconómicos de carácter monetarista que buscan ajustar la situación económica descargando sus costos sobre los trabajadores. Por el contrario, la necesidad de que el Estado sostenga las dinámicas de crecimiento e inversión para defender el empleo y los ingresos de los trabajadores debe considerarse como prioritario.

Este ajuste, esta vez, se circunscribió mayoritariamente a gastos que pueden ser prescindibles, sin afectar las reformas ni los programas de carácter social, sin embargo hay que preguntarse, si persisten las dificultades, ¿habrá nuevos ajustes, que ya no sean sólo gastos prescindibles?

Ante esta posible salida pensamos que en ciertas condiciones, reactivar la economía requiere de realizar un mayor gasto, para incidir sobre una débil demanda agregada, aunque ese gasto no esté financiado con recursos disponibles en caja. Más aún si, como es el caso de nuestro país, el Gobierno Central es un acreedor neto de recursos sobre el exterior. En otras palabras, estamos en el tiempo de las “vacas flacas”, para el que, adecuadamente, se ahorró en años anteriores parte de los excedentes que permitieron los elevados precios del cobre y otros productos de exportación.

La pregunta es si el gobierno se dispone a prevenir las dificultades económicas, con políticas que no afecten las reformas, ni los programas sociales, planteando al mismo tiempo abrir el espacio para discutir sobre un nuevo modelo de desarrollo para el país.

VI.- La Imperiosa Necesidad de un nuevo Modelo de Desarrollo.

El actual modelo rentista que caracteriza a nuestra economía nos ha llevado a un alto grado de empleabilidad de carácter precaria e informal.

En la medida que la pretendida teoría de las “ventajas comparativas” redujo desde los años de la dictadura el espacio para el desarrollo de actividades productivas que agregan valor a la economía, nuestra economía se ha orientado de más en más a la creación de actividades de servicios (trabajadores por cuenta propia, comercio formal e informal, servicios financieros, servicios públicos, etc.) Actividades muy necesarias y respetables, pues contribuyen a la realización de las mercancías, redistribuyendo la plusvalía generada en sus sectores de punta, pero que no aporta a la creación de nuevo valor. Esta característica de nuestra economía no es diferente de la que se presenta también en casi todas los países de nuestra América Latina.

Lo que se constata – y debe ser motivo de nuestra preocupación – es la pérdida de peso relativo del proletariado industrial en el total de trabajadores del país. Es verdad, hemos venido tratando con este asunto hace ya un buen número de años, pero es posible que haya llegado la hora de colocarlo en primer plano, ya que las implicaciones políticas de este cambio estructural son sin duda significativas.

Por eso, cuando hablamos de la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo hablamos también de fortalecerla organización sindical en base a una mayor presencia del proletariado industrial, pero también, por los cambios que se han generado en la composición de la fuerza de trabajo, por la relevancia que han adquirido en el modo de producción la información y el conocimiento como factores de producción de vanguardia, así como la proletarización y precarización de las condiciones laborales e ingresos de profesionales vinculados al proceso productivo y teniendo en cuenta el rol que debieran jugar los trabajadores de servicios y comercios en la lucha social, es que debemos superar las debilidades y avanzar en la concientización del conjunto de los trabajadores chilenos.
Nuestra economía está afectada por la volatilidad de su crecimiento. - Por la dependencia económica de la exportación de productos primarios con escaso valor agregado y Por la alta concentración de las riquezas: el 30% más pobre de los chilenos (5 millones de personas) percibe como promedio 125 mil pesos mensuales (…) Pero al otro extremo el 1% de la población se apropia del 30% de los ingresos del país, a través de las empresas controladas por 8 familias que suman un patrimonio de US$ 36.550 millones de dólares.

La inversión mayormente privada redunda en ciclos económicos inestables que desencadenan en crisis cíclicas del capital, en desmedro de una inversión importante del Estado para un ciclo económico más estable y con menores efectos de crisis económicas”.

Este modelo de crecimiento se ha agotado. La pronunciada declinación de las economías emergentes de América Latina, sometidas al ciclo implacable de fluctuación de los precios de sus materias primas, no hace más que reiterarlo. En el marco de este objetivo agotamiento del modelo de acumulación rentista, monetarista-especulativo, surge como una necesidad avanzar hacia una nueva política económica.

La CEPAL, en su Informe de 2015, concluye que: “La volatilidad de la inversión está muy ligada a las características de su ciclo. De manera sistemática, la inversión en su conjunto experimenta contracciones más duraderas e intensas y expansiones más tenues que las del PIB. Esto refleja, en parte, un manejo del ciclo que no contribuye a potenciar la inversión y a sostener el crecimiento económico en el tiempo”.

“En cuanto a la inversión pública, no existe una orientación clara sobre los nuevos sectores que debiesen surgir en el proceso de recuperación, dando cuenta de la necesidad de planificación para el desarrollo productivo del país. Las razones para un menor presupuesto se basan en el menor crecimiento del país y el fin del supe ciclo de las materias primas, pero este diagnóstico tiene mucho de ser una profecía auto cumplida, ya que la propia caída de la inversión reduce el PIB tendencial de mediano plazo”.
Un nuevo texto constitucional debe restablecer el equilibrio en la economía, dejando de lado el principio de que la propiedad privada tiene la primacía por encima de los valores superiores como son la responsabilidad social y la solidaridad colectiva, lo cual por cierto no la excluye de una estrategia de desarrollo.

Pero es evidente la necesidad de que el Estado esté facultado para nacionalizar o crear empresas estatales o públicas, a través de instituciones centrales o entidades como gobiernos regionales, municipalidades, o aportar recursos a cooperativas u otras empresas sin fines de lucro, con el fin de diversificar la propiedad empresarial. Es necesario dotar al Estado de la capacidad de emprendimiento económico, entendido en el amplio sentido del término.

Ha sido un avance la revitalización de ENAP empresa estatal que empieza a jugar un papel en el tema de la energía.

Hay que considerar la propuesta de las asociaciones público – privadas que impulsa el gobierno con propuestas para acotarlas y calificarlas mejor a la luz de la experiencia que indica, por ejemplo, que no es lo mejor concesionar servicios públicos vitales como la salud y el transporte público, aunque podría ser conveniente en otros rubros calificados.

Requerimos mejorar significativamente la institucionalidad en ciencia y tecnología, y debemos ampliar la inversión pública en este sector (de 0,4 a por lo menos 1,2 % del PIB). Debe ser una urgencia, pensar en nuestras riquezas estratégicas como el cobre y el litio, fortaleciendo un modelo donde el Estado intervenga activamente; creando empresas públicas que en su labor desarrollen cadenas productivas de alto valor agregado, sustentables ambientalmente y en la regulación estricta del sector privado. Requerimos diversificar nuestra matriz energética y dar un fuerte impulso a la inversión en energías renovables no convencionales. En resumen, Chile necesita un modelo de desarrollo que sea capaz de sumar efectiva e inclusivamente al goce de los derechos sociales, económicos y culturales a las grandes mayorías nacionales.

Todo ello apuntando a hacer realidad la integración latinoamericana, que es condición de éxito para el crecimiento sostenido de economías como la nuestra. Integración que, como bien se sabe, está en la base de las experiencias internacionales de crecimiento sostenido más exitosas de las últimas décadas, como es el caso de economías del Asia Pacífico y las de la propia Europa occidental.

El agua, la energía, el litio y la descentralización.
Entre la amplia gama de asuntos comprometidos en la búsqueda del desarrollo hay algunos que queremos abordar someramente:
La crisis del agua no es solo de Chile; es una crisis que está presente en todo el planeta.
A nuestro país se le califica como un país agricultor, por ende se le ve entre los países responsables de la sobre explotación de los acuíferos y de la contaminación de estos. En el caso de la industria, en países subdesarrollados, las externalidades negativas son fruto del 70% de los deshechos vertidos sin tratamiento alguno, en aguas que podría ser también utilizadas en la agricultura y el uso doméstico.

En Chile esto se ve agravado por el hecho que el recurso hídrico depende de la transacción y uso de los denominados derechos de agua, ideados por la dictadura. En esta realidad el Estado ve limitada sus herramientas para regular el sector.
Es por ello que somos partidarios de nacionalizar los derechos de agua. Solo por esta vía se resolverá esta crisis que afecta la calidad de vida de la gente. Valoramos la reforma al Código de Agua que está en discusión en la Cámara.
Como una forma de enfrentar esta grave crisis hídrica, se ha iniciado a gran escala la industria de la desalinización del agua. Para el 2020 se espera entren en funcionamientos unas 20 centrales para satisfacer las demandas de la minería y el consumo de la población y la idea de recuperar ríos secos, como, por ejemplo, el que cruzaba la ciudad de Copiapó.
Son avances sin duda, pero un Estado de brazos cruzados, sin prevenir las externalidades negativas, puede conducir aun sistema anárquico, sin una conexión con los otros sectores como la energía, el trasportes, las obras viales, la urbanización y otras propias de cualquier país y además, descargar gran parte de los costos de estas inversiones en la población.
Hemos señalado también como muy importantes la necesidad de solucionar la crisis energética. Por esto es relevante poner como ejemplo la instalación de plantas solares, sin perjuicio de los avances que hay en el aprovechamiento de la energía eólica y las potencialidades de la energía mareomotriz y de los Geiser.

Aceleradamente se inician proyectos de Energías Renovables, no convencionales, con vista a la construcción de grandes parques solares. Entre otros podemos señalar que en septiembre recién pasado se ha informado que la empresa Energía construirá la planta fotovoltaica “El Romero Solar” en la provincia de Vallenar, la mayor de América Latina y una de las diez mayores instalaciones fotovoltaicas en el mundo hasta la fecha y la empresa Global Abengoa construye la primera planta termo solar para producción de electricidad directa de América Latina.

Toda esta energía limpia evita la contaminación de la atmósfera evitando las miles de toneladas de CO2 que emiten las centrales a carbón. En la actualidad en se espera en Chile alcanzar en el año 2025 generar el 20 % de la producción eléctrica a través de energías limpias.

Tengamos muy en cuenta que Chile tiene la ventaja de que en el desierto de Atacama está la zona con mayor concentración de radiación solar en todo el mundo.

Otra posible fuente de desarrollo es la explotación del Litio, de la cual Chile posee más del 57% de las reservas mundiales. Es importante enfatizar que el Estado debe cumplir un rol fundamental en su explotación y desarrollo. La instalación de la Comisión Nacional del Litio, va en la dirección correcta, más aun si ha sido la propia Presidenta de la República la que ha señalado la idea de darle valor agregado a este recurso. Una política de desarrollo del litio dirigida por el estado no excluye al sector privado, sin embargo es inconcebible que hasta la fecha no se haya promovido una verdadera política nacional de desarrollo y explotación de este nuevo recurso natural.

En este contexto, es imposible soslayar la situación de la empresa SQM, empresa que fuera del Estado y privatizada por Pinochet y como se sabe hoy ha financiado a distintos dirigentes políticos como parte de su estrategia de enriquecimiento controlando la explotación de un mineral que le pertenece al pueblo. La relación de SQM con el litio debe ser revisada y debemos apoyar resueltamente la posición de CORFO en el juicio que hoy lleva a cabo para poner fin a los arriendos que mantiene con SQM, por los fraudes cometidos en su contra.

Un desafío permanente es como producir cobre con valor agregado, Chile debiera tener al menos una fundición de categoría mundial.
La demanda de la descentralización, como parte del desarrollo integral.
La Descentralización es una demanda largamente esperada por las regiones de nuestro país, en la búsqueda de promover su desarrollo y de terminar con el agobiante centralismo que les afecta.

El Gobierno se ha hecho cargo de esta necesidad. Constituyó una comisión especial para la Descentralización y Desarrollo de las Regiones que propuso una serie de medidas que se orientan en la dirección de acortar las enormes brechas de desigualdad y promover la equidad.

En el camino de avanzar en este proceso, que tiene como norte avanzar en la democratización del país, se eligieron por primera vez -por sufragio universal- a los Consejeros Regionales y está en debate parlamentario, tanto la Ley de transferencias de competencias para el fortalecimiento y desarrollo de los Gobiernos Regionales, como la de elección directa de los Intendentes o Gobernadores Regionales como fue aprobado en el Senado de la República.

En nuestra opinión, todo aquello que permita de verdad contar con un país que incremente su equidad y desarrollo, que avance en profundización democrática; que permita dar cuenta de la diversidad de nuestro territorio y de las demandas de tener un nuevo Estado unitario, pero descentralizado; que permita a los Consejos Regionales mantener y aumentar sus atribuciones con recursos y medios, tendientes a responder a las expectativas que demanda un Estado moderno, contará con nuestro respaldo.

No compartimos producir cambios en esta dirección, que en la práctica sean producir "centralización en la descentralización", que reduzcan las atribuciones del cuerpo colegiado de los Consejos Regionales que hoy mantienen.

El Intendente o Gobernador Regional debe tener no sólo la atribución de presidir el Consejo Regional sino mantener aquellas que hoy tienen los actuales Intendentes, con las excepciones que correspondan a las de seguridad pública y la de aquellos servicios no traspasados a los Gobiernos Regionales.

En todo este traspaso de competencias a las regiones se debe tener en cuenta la situación de los trabajadores del sector público y debiera contar con su participación.

Podríamos concluir este acápite en queun aporte sustantivo, que emane de este congreso nacional, debe ser el cómo elaboramos la propuesta del futuro programa de gobierno. Una carta de contenidos que aportemos a la Nueva Mayoría y al pueblo de Chile, con humildad, y con firmeza, para un programa que consolide las reformas establecidas y continúe con el proceso estructural de profundización y lucha por la democratización del país, para superar la desigualdad y construir el nuevo Estado Democrático. Por ello es que se propone la creación de una comisión permanente de programa de alto nivel político y profesional.
VII. Una nueva estrategia de desarrollo: para avanzar en derechos sociales.
Pensiones Justas para los chilenos y chilenas.

Una de las grandes aspiraciones de nuestro pueblo es modificar el sistema previsional. Nuestro partido plantea una mirada integral, que permita responder al drama del envejecimiento bajo condiciones de dignidad para las y los adultos mayores, que potencie el rol del Estado como articulador y ejecutor activo de la política pública en materia de derechos sociales y que a la vez desbarate enclaves económicos que sustentan el modelo neoliberal.

Por lo mismo, nuestro horizonte es un modelo en materia de pensiones que se sostenga en parámetros integrales de seguridad social, haciendo propios los convenios y recomendaciones de la OIT, esto es reconociendo un estándar que conciba a la seguridad social como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado, que se asegure una protección en pensiones destinada a prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social; que en su financiación se resguarde la solidaridad, y que en definitiva consagre el respeto de los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por las garantías de seguridad social.
A sabiendas que es un sistema difícil de asumir por los altos grados de resistencia empresarial y teniendo claro también que nuestra propuesta se debe contrastar con lo que plantean los trabajadores, los pensionados y el propio gobierno, lo que proponemos para la discusión es un sistema basado en 3 pilares, como pasos tácticos para permitir al Estado reforzar su protagonismo en materias de seguridad social:

1. Pilar Solidario: que hoy se reconoce a través de la existencia de las pensiones básicas solidarias, las cuales proponemos hacer extensivas al 80% de la población, como parte del piso mínimo, de cargo directo del Estado y garantizado por el mismo.
2. Pilar de Reparto: que complemente al anterior, que tenga como horizonte garantizar una pensión equivalente al menos al sueldo mínimo, en el cual se contribuya en forma tripartita, es decir, el Estado, el empleador y el trabajador, el cual se distribuirá de forma solidaria intra e inter generacionalmente.
3. Empresa del Estado en el Pilar de Capitalización Individual: que para su mantención deberá ser objeto de importantes reformas que limiten su concentración, no solo desde el punto de vista de la cantidad de oferentes, sino que también de las funciones que actualmente cumplen las administradoras.

En relación a esto tiene sentido, como un componente dentro del sistema y para una primera etapa, pensar en una administradora de fondos estatal (al que adhiere el 70% de la población), que siendo un agente público, sin fines de lucro y como una empresa estatal cumpliría con el objetivo de romper el principio de subsidiaridad del estado, principalmente en cuanto a su rol económico instaurado en la Constitución Política; otorga al cotizante el legítimo derecho a optar entre un ente privado y uno público, desbaratando el amarre al cual hoy están sometidos los cotizantes, y a la postre progresivamente restringiendo la concentración de las AFPs tanto de cotizantes como de concentración económica. Constituiría la creación de una empresa pública que permitiría reordenar el mapa económico actual, ya que atendido el flujo permanente de recursos recaudados para inversión desde los cotizantes, el Estado podrá orientarlos hacia el fortalecimiento de otras empresas estatales o de empresas que cumplan con fines sociales o estratégicos para el desarrollo integral nuestro pueblo.

Por otro lado, en cuanto a las funciones que actualmente cumplen las administradoras de fondos previsionales, proponemos separar la recaudación de la administración de los fondos, introduciendo un agente estatal que se haga cargo de la primera función.
Pilar voluntario: asimismo se propone potenciar el componente colectivo de este pilar, como una demanda a satisfacer por el empleador, producto de los procesos de negociación, dentro de las materias a que se puede ampliar los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados.

Pilar sistema nacional de cuidados: finalmente, proponemos la instalación y consolidación de un sistema nacional de cuidados, orientado a las y los adultos mayores, a los discapacitados y a las personas que indistintamente de su edad presenten grados de dependencia, mediante un seguro social, que se otorgara como una prestación solidaria entre sus beneficiarios, permitiendo salarios dignos a cuidadores y cuidadoras de personas en estado de dependencia. Extendiendo las prestaciones médicas domiciliarias y farmacológicas, lo cual debemos a la vez empalmar con el potenciamiento de las redes municipales de farmacias.
La propuesta de los comunistas, es una propuesta indispensable para el momento del Chile actual, es una mirada integral que se hace cargo del envejecimiento de nuestro pueblo, en un contexto donde el empleo precario, en sus manifestaciones de bajos salarios, informalidad laboral e inequidad de género, nos ponen en la necesidad de buscar respuestas que junto con viabilizar nuestra política, derriben enclaves del modelo económico concentrador del capital y reproductor de las desigualdades. Para ello buscaremos los acuerdos y nos abocaremos a construir la correlación de fuerzas necesarias para un nuevo sistema previsional chileno.

VIII.- Por una reforma de salud, recuperación y defensa de la salud pública, un desafío presente para los comunistas

Uno de los temas que emergen con mayor fuerza del creciente malestar social de la población es la crisis de la salud. Las largas listas de espera, el alto costo de los medicamentos, la falta de horas en la atención primaria, las aglomeraciones y congestión en los servicios de urgencia, la falta de especialistas, la compra de camas y servicios al sector privado, la espera por una hora médica o una operación, que es de años y junto a la deuda hospitalaria, configuran un espiral que crece y crece sin resolver los problemas, ni la sensación generalizada de mal trato que se han vuelto cotidianas.

Tenemos uno de los países más segregados en materia de salud, donde el 80% de la población está obligada a atenderse con menos del 50% de los recursos disponibles, donde los hospitales públicos tienen muchas carencias y los médicos que deciden trabajar en atención primaria son los peores pagados.
La crisis a la que ha llegado nuestro sistema de salud tiene su origen en las reformas impulsadas por la dictadura y a las políticas continuistas enmarcadas en las recetas neoliberales. Chile fue un referente internacional para los países en desarrollo en materia de salud a partir de los 50, cuando Salvador Allende entre otros, impulsa la creación del Sistema Nacional de Salud. Muchos avances que significaron mejores condiciones de vida para la población fueron revertidos después del golpe con la municipalización de la atención primaria, el desmembramiento del SNS en los actuales servicios de salud, el surgimiento de las ISAPRES, el desarrollo y crecimiento desregulado del sector privado de salud, a costa de recursos públicos: un ejemplo de esto son los hospitales concesionados. Se busca estratégicamente ceder cada vez más espacio al mercado, a través del modelo de gestión de los establecimientos, los mecanismos de transferencia de los recursos FONASA, y la forma en que se elaboran los presupuestos diseñados para no permitir el crecimiento del estado.

Es sabido que los países más sanos se desarrollan mejor, los modelos preventivos son más eficientes en términos costo-efectividad, es por esto que debemos poner nuestro principal foco en la atención primaria como base del modelo de atención, mejorando la calidad y efectividad de la atención primaria, con una mirada comunitaria.

Sin embargo, nuestro sistema de salud se organiza en torno a la enfermedad, privilegia los hospitales e implica un gasto inaceptable, contrario a los modelos exitosos en la experiencia internacional.
El actual gobierno lleva adelante una estrategia de construcción de hospitales y consultorios de atención primaria, a fin de modernizar la atención pública, proponiéndose formar una importante cantidad de médicos especialistas, todo ello aún aparece como insuficiente y no contempla una reforma a fondo del sistema, lo que hace obligatorio presentar propuestas para lograr este objetivo en un próximo periodo de gobierno.

Hemos propuesto, entre otras medidas, en lo inmediato, la modernización de la CENABAST (central nacional de abastecimiento) para dotarla de su propia ley orgánica, que amplíe su dotación y redes de distribución, a fin de garantizar la distribución de medicamentos a las farmacias populares y a toda la red asistencial.
También incrementar la incorporación de médicos generales de zona en los consultorios urbanos. La descentralización de la atención primaria, que consiste en llevar médicos y personal de salud directamente a las juntas de vecinos, la instalación de hospitales de emergencia para reducir las listas de espera.

La situación de crisis y el desborde del malestar social, no generarán por si mismas las condiciones para una reforma de fondo en salud, por mucho que se agudicen las tensiones. Esta tarea requiere de la maduración de elementos objetivos, como la disponibilidad de cuadros políticos, directivos y técnicos dispuestos a conducir el proceso, así como organizaciones gremiales articuladas que sean motor de cambio, además de una sociedad civil movilizada.
Tenemos la necesidad de generar unidad del sector salud. Los trabajadores y profesionales de la salud junto a los usuarios deben ser protagonistas de la tarea de levantar un nuevo modelo de salud. El Partido en el sector debe actuar unido, convencido de que esta es una tarea de masas.

IX.- Demandas y derechos sociales, lucha contra la desigualdad y la pobreza.

Hoy, en el gobierno de la Nueva Mayoría, contamos ya con una medición multidimensional de la pobreza, donde queda de mejor forma expresada la realidad del país, incorporando dimensiones de educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad social; ello permite establecer que sobre un 20% de la población de nuestro país está en situación de pobreza; versus el 14%, si se considera solo desde la lógica de la medición de ingresos de la familia.
Esto permitirá avanzar hacia políticas y programas más garantistas y universales de los derechos sociales; ello, como parte constituyente del proceso de transformación y superación del Estado Subsidiario.
Para ello es también importante la promoción de instrumentos públicos que permitan hacer posible ese tránsito, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Desde este año contamos con el Registro Social de Hogares, el que hace posible tener una mejor caracterización socioeconómica de la totalidad de los hogares del país.
Infancia y derechos
El neoliberalismo ha golpeado fuertemente a los niños y niñas de nuestro país. Debido a sus políticas, estos crecen en ambientes llenos de carencias, tanto materiales como afectivas. Dentro de ellos, los niños pobres son doblemente afectados, cayendo prontamente en las drogas, el alcoholismo y la delincuencia.
A través del Ministerio de Desarrollo Social, se está impulsando robusta agenda de reformas, que implicará un gran avance en la materia. Así, durante el año pasado se ingresaron dos proyectos importantes. El primero, que crea un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, mediante el cual se busca concretar los derechos de los niños y niñas y el que traspasa al Ministerio de Desarrollo Social las competencias en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas en materia de niñez. Finalmente, durante el mes de marzo, se ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea la Defensoría de Derechos de la Niñez.
El territorio y La Lucha por la casa propia.
La vivienda es un derecho, así lo han entendido miles de familias que luchan por solucionar lo que es un problema de gran impacto social.
Sobre todo en la Región Metropolitana se articulan Comités de Vivienda de distintas comunas, entre otras: Conchalí, Independencia, Quinta Normal, Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Ñuñoa, San Joaquín, Estación Central, La Cisterna, La Pintana, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, Lo Espejo y San Ramón.
Se coordinan unos 60 Comités que agrupan a cerca de 10 mil familias. Han sostenido diversas reuniones con autoridades del MINVU, de la DOS y tienen programado, para la segunda semana de Abril, un Congreso de Pobladores sin Casa de la Región Metropolitana para darse una estructura, dar conducción al movimiento y consolidar lo avanzado tras objetivos concretos, como son:
- Lograr una política de vivienda de derechos y no subsidiaria, sacando a la vivienda de las lógicas del mercado.
- Incorporar el derecho a la vivienda en la nueva constitución, siendo participes activos del proceso constituyente en los territorios.
- Trabajar por ciudades que destierren la segregación.
Es una iniciativa que contribuiremos a desplegar a lo largo del país.
En general, nuestro partido se orienta a fortalecer la organización social territorial, como por ejemplo entre los Adultos Mayores los cuales han desarrollado diversas iniciativas como la Marcha de Los Bastones, solicitudes de rebaja en los pasajes del transporte público y la exigencia de una Ley sobre los Derechos del Adulto Mayor.
Es necesario que todos los actores sociales y políticos que actúan en los territorios lo revaloren y retomen el trabajo en las Juntas Vecinales, Uniones Comunales, Centros Culturales y Deportivos, Organizaciones de Mujeres y Juveniles, Comités de Vivienda y Adelanto, de Pueblos Indígenas y Medioambientales, entre otros, en la perspectiva de levantar las reivindicaciones por mejorar la calidad de vida de los y las pobladoras, elevar los estándares de la participación a niveles más incidentes y participar activamente del proceso de construcción de una Nueva Constitución.

El fenómeno delictual y su manipulación.

En nuestro país, todas las encuestas señalan a la delincuencia como el tema irresoluto más importante para la opinión pública. Los comunistas estamos por hacer los mayores esfuerzos por terminar con esta lacra de la sociedad, pero hacemos el alcance de que lo hecho hasta ahora no conforma a las personas, porque, aun cuando los estudios demuestran que los hechos delictuales bajan, sin embargo los índices de inseguridad suben. A qué se debe tal contradicción: Hay cuestiones que pensamos se deben tener en cuenta al hacer el análisis del fenómeno, como el hecho que la industria televisiva utiliza la mayor parte de sus espacios de noticias y de matinales para poner en primer plano hechos delictivos, compitiendo por la audiencia y el avisaje.
Se ha creado un clima de inseguridad pública que anatemiza el respeto a los derechos humanos y los procedimientos de investigación y sanción con apego al derecho, como signos de debilidad inherentes a los regímenes democráticos y, por tanto, solo los métodos autoritarios y altamente represivos son los que se hacen aparecer como los más eficaces para combatir la delincuencia.
Hay que considerar también que se ha generado una floreciente industria de la seguridad privada y cárceles concesionadas, calculándose que en nuestro país hay tres veces más guardias y vigilantes privados que funcionarios que trabajan en los servicios públicos policiales, ya el año 2007 el Instituto Libertad y Desarrollo informaba que los ingresos facturados por estas empresas llegaban a los US $ 1.119 millones.

Se afirma que existe una puerta giratoria en circunstancias que el año 2014, de un total de 44.200 casos en que se pidió la prisión preventiva, solo 631 personas quedaron en libertad. Hay una inseguridad distorsionada y similar a la existente en países de la mayor tasa delictual de nuestro continente, a pesar de que Chile es el país con menores cifras de homicidios y bajos porcentajes de victimización real por robos cada 100 mil habitantes.
Se gasta una inmensa cantidad de recursos en el combate represivo a la delincuencia y año a año se elevan las penas para diversos delitos. Sin embargo ello no se traduce en una disminución significativa de los índices delictuales y de inseguridad ciudadana.
Es evidente que estas medidas no bastan y en algunos casos exceden el marco del justo derecho. Basta con constatar la extracción social de la inmensa mayoría de la población privada de libertad y sujeta a medidas alternativas, para entender que la injusta distribución del ingreso es un factor determinante y reiterado en esa situación.
Debemos enfrentar el problema de la delincuencia abordando sus diversas causas, siendo las más determinantes en el presente período, las que se derivan de la desprotección social, la falta de oportunidades, la marginación de los sistemas de seguridad y protección social, la cultura consumista, la destrucción de las organizaciones sociales, el desfinanciamiento de las funciones públicas del Estado en materia de protección a la infancia y la juventud, la educación y la reinserción social. Además de ello, está la pobre asignación de recursos para la reeducación y la reinserción, lo que se ve agravado por la precaria situación que se vive en los recintos carcelarios, lo que facilita la reincidencia en muchos delitos.

X.- La Conquista de una Nueva Constitución.

El camino hacia la nueva constitución política para Chile ha comenzado.
Es la gran tarea del período histórico que vivimos.
Es la oportunidad para darle al estado chileno un nuevo carácter político-constitucional.
Es el desafío de superar la herencia dictatorial más estratégica.
Es la primera vez, en su historia republicana, que el pueblo de Chile tiene la posibilidad de participar en el proceso hacia una nueva constitución.
Los comunistas hemos entregado al país los lineamientos gruesos de nuestra propuesta. Es tarea principal de este Congreso Nacional, darle el máximo impulso para que el conjunto del partido y de la juventud, ordenen y potencien sus fuerzas para dar a conocer los contenidos de nuestra propuesta; llevarla al pueblo lo más ampliamente posible; generar todo tipo de espacios de debate con nuestros aliados, con nuestros amigos y amigas, pero también con quienes sostenemos diferencias importantes.
Confiamos en que en un debate abierto y franco, las ideas justas, transformadoras y democráticas se abrirán paso, debate que debiera culminar en una Asamblea Constituyente, que es lo que el pueblo demande mayoritariamente.
Queremos recalcar la importancia estratégica de esta tarea, que hemos definido como la “madre de las batallas”.
Valoramos el significativo llamado y el camino que la Presidenta Bachelet y el gobierno de la Nueva Mayoría han diseñado. Estamos precisamente en los meses en que se requiere convocar, organizar y promover la mayor cantidad de cabildos ciudadanos. Las exigencias para realizar estos debates son mínimas, y por tanto hay que tomar la iniciativa con intensidad y premura.
En esta fase, y tal vez la más relevante, el proceso constituyente se legitimará en la medida que sea masivo, en la medida que los espacios de debate sean realmente esfuerzos cualitativos. Y nosotros creemos que hay mucha gente interesada y dispuesta a participar.
Entonces, el desafío es hacer de estos cabildos reales espacios de masas y populares.
Posteriormente, vendrán otras fase decisivas, pero, esas etapas estarán incididas por las nuevas correlaciones electorales y políticas que emanen de los procesos que vienen: elecciones municipales; parlamentarias; de gobierno y de intendentes y gobiernos regionales.
Para nosotros, la nueva constitución política, es el contenido más estratégico del período. Pero sabemos que eso dependerá de la correlación de fuerzas que logremos desarrollar: En los planos político; ideológico y de masas.
En este sentido, es relevante recordar las principales críticas que desde el Partido Comunista le hemos realizado a la actual Constitución a saber: 1) Su origen autoritario y su imposibilidad para legitimarla; 2) El establecimiento de un sistema democráticamente deficitario; 3) La opción ideológica neoliberal de la Constitución, mediante un Estado Subsidiario y, por ende, la débil consagración de derechos económicos y sociales; 4) La visión mono cultural y nacional de la Constitución, en la cual no se reconoce el carácter multicultural y plurinacional de la sociedad chilena y, en particular, a los pueblos indígenas que habitan en el territorio; 5) El excesivo centralismo territorial que imprime la actual Constitución al diseño institucional; 6) El híper presidencialismo y el fenómeno de la concentración del poder en la figura del Presidente de la República, y entre otras propuestas hemos planteado plebiscito, referéndum revocatorio, iniciativa popular de la ley, parlamento unicameral.

De este Congreso Nacional debe salir una intensa y firme voluntad comunista de aportar para que Chile tenga, por primera vez en su historia, una constitución política de contenidos y formas democráticas, con la participación popular y ciudadana y con una fuerte presencia activa de las organizaciones sociales, como lo hace, por ejemplo, el Colegio de Profesores que han elevado una Unidad Didáctica para contribuir al conocimiento de estudiantes y apoderados.

Nuestra tarea más inmediata como Partido es participar activamente de los cabildos de base a los cuales ha sido convocada la ciudadana. Contribuir a la estructuración de diálogos ciudadanos de base, a la convocatoria de vecinas y vecinos, a la expresión de una pedagogía política, que conecte las transformaciones estructurales con las urgencias sociales constituye un imperativo de nuestro quehacer de masas.

XI.- Nuestros Pueblos Indígenas.

Compañeras y compañeros, según el censo del año 2012, la población chilena que se auto identificaba como indígena aumentó considerablemente, del 8% al 11,11%, es decir, 1.714.677 personas. Creciente reconocimiento de la identidad indígena, que no es abordada correctamente por las pasadas y actuales políticas públicas. Por ello afirmamos, que nuestra sociedad tiene una deuda histórica con los Pueblos Indígenas, lo que implica avanzar en reconocimiento y redistribución.

En materia de reconocimiento (que tiene incidencia en la redistribución), es fundamental que en el proceso constituyente participen los pueblos indígenas y ello implique que en la nueva Constitución nuestro país reconozca la diversidad cultural y el diseño institucional la acoja. Queremos construir un país pluricultural como paso necesario para una plurinacionalidad (el programa de gobierno señala lo primero, nuestro partido lo segundo) que establezca, al menos, los siguientes aspectos: En primer lugar, debiera contemplar, dentro de las bases de la institucionalidad, un reconocimiento de que Chile es un país multicultural, que se encuentra compuesto por múltiples culturas y naciones, dentro de las cuales están los pueblos indígenas ancestrales.

En segundo lugar, debiera establecer el deber del Estado de preservar y garantizar la diversidad étnica cultural del país, es decir, reconozca el derecho a la “supervivencia cultural”. Incluyendo en ello: 1) Los derechos de educación y el respectivo respeto a la diversidad cultural; 2) El reconocimiento constitucional de oficialidad de los idiomas y lenguas de los pueblos indígenas; 3) Reconocimiento y protección de las prácticas culturales y económicas de los pueblos indígenas y otras minorías culturales.

En tercer lugar, debería consagrar derechos de grupo o colectivos, que dicen relación a derechos de representación política de los grupos culturales en los espacios de elección popular y las instituciones públicas. Aspirando con ello a que el Estado en su conjunto tenga representación de la diversidad cultural en las instituciones que lo conforman.

En cuarto lugar, debiera consagrar derechos colectivos, en lo que respecta a la propiedad indígena y la especial relación de ellos para con la tierra y el medio natural. Se debe legislar respecto de modelos inclusivos de desarrollo en relación a los recursos naturales y, por ende, dictar legislación especial de protección de los mismos.

En quinto lugar, debiera establecer un mecanismo constitucional especial de expropiación de tierras que se encuentran en propiedad de particulares y que serían parte de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas a restituir.

En sexto lugar, debiera contemplar el reconocimiento del pluralismo jurídico en la Constitución. Entendiéndolo en un sentido amplio, es decir, en cuanto a la facultad para crear norma jurídica y adjudicarla, estableciendo como límite los derechos establecidos en la Constitución y la protección de los derechos humanos.
Como sexto y último punto, la reforma debiera asegurar el efectivo y real goce de los derechos fundamentales a la totalidad de los habitantes de la República, ya sean estos chilenos, indígenas o extranjeros avecindados en nuestro país.

XII.-El cuadro internacional.
El escenario mundial y las correlaciones de fuerzas a nivel planetario y en especial en América Latina y el Caribe tienen una especial dinámica que debemos, necesariamente, considerar, porque tienen directa incidencia en la situación interna de nuestro país.
La economía mundial, de hegemonía capitalista, no remonta, se está llegando a lo que en la crisis de los 30 se llamó “el estancamiento secular”. La crisis estructural se mantiene y la economía norteamericana, propiamente, no tiene la capacidad para empujar el carro de la economía mundial. Son varias las causas y razones objetivas que explican este fenómeno, entre las cuáles, la severa crisis del modelo de acumulación especulativo-financiero, en su expresión monetaria y productiva.
Esto es lo que explica el intento norteamericano, por imponer condiciones que les permitan controlar directamente los mercados, las fuentes de energía; el agua y los territorios geopolíticamente relevantes, a nivel mundial. Pasando por encima de los estados nacionales.

Es lo que explica también la expansión del terrorismo a escala mundial, hecho que tiene su origen en la invasión de Iraq por parte de los Estados Unidos, cuando todos los antecedentes anteriores y posteriores indican que Iraq no tenía el potencial bélico que se le achacó para justificar la invasión y que tampoco estaba tras los atentados del 11 S en N. York. A lo que se agrega la intervención norteamericana en el norte de África, en el Medio Oriente, Afganistán y en especial en Siria, lo que ha generado además, una ola de migración con precedentes sólo en la II Guerra Mundial y que pone en evidencia la incapacidad del capitalismo neoliberal para solucionar los graves problemas que el mismo sistema genera. Europa recibe demoledores golpes terroristas, en una escalada que no parece terminar y lo mismo ocurre en países del Medio Oriente, sin la repercusión mediática, que ha tenido lo ocurrido en Francia o Bélgica. No justificamos sin que condenamos estos actos terroristas, de los cuales incluso han sido víctimas militantes de nuestro partido, pero es necesario que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo irresponsable que han sido actos de intervencionismo y de guerras que en el futuro debieran evitarse con la intervención de las Naciones Unidas.
En nuestro continente, Estados Unidos busca frenar el proceso de emancipación que ha derivado en notables avances de integración, tales como CELAC; UNASUR; el ALBA, el MERCOSUR y también la Alianza del Pacífico, que se ha pretendido erigir como un polo opuesto de estos procesos, pero que en el último tiempo ha virado hacia puntos de colaboración.
Por otra parte hay que constatar la creciente presencia de China, que se ha transformado en uno de los principales soportes del intercambio económico de la mayoría de las naciones de la región, lo que ha permitido diversificar nuestras exportaciones y que en el caso de Chile se transforma en nuestro principal socio comercial.
Las oligarquías locales y criollas, no tienen propuestas más que repetir e innovar sobre el mismo modelo de capitalismo y neoliberalismo salvaje de la década de los noventa y comienzos de este siglo y por tanto privilegian la dependencia de los EEUU, que es algo muy distinto al intercambio y las relaciones en igualdad de condiciones.
Sin embargo, sería irreal no asumir que las izquierdas en nuestro continente hemos cometido errores. Tanto las que han logrado conquistar gobiernos, y desde ahí hacer muy importantes reformas; como las que se mantienen en el vértice y no ha logrado incidir significativamente en sus respectivos países.

La hegemonía mediática hasta ahora incontrarrestable; la falta de programas económico-políticos acorde al ciclo histórico actual; la corrupción y una limitada concepción de alianzas, de unidad, y de visualizar claramente para esta etapa de la historia al adversario principal, han también permitido triunfos parciales de la derecha más recalcitrante y del imperialismo.
No estamos ante una tendencia asentada, pero lo peor sería despreciar las fuerzas históricas de los adversarios de la democracia, de la integración y de la independencia de los pueblos.
El presente y el futuro son muy desafiantes y, en este contexto mundial es que el imperialismo hace todo lo posible para recomponer su hegemonía en lo que históricamente ha definido como su “patio trasero”.
Como lo ha sintetizado Emil Sader: “En este momento, en medio de la segunda década del siglo XXI, se puede decir que el futuro del continente está abierto. Nadie puede garantizar que los gobiernos anti neoliberales se van a consolidar definitivamente, menos tampoco que los intentos de restauración conservadora se van a imponer. Las dos vías están abiertas. Lo que se puede decir es que el escenario político latinoamericano será nuevo a partir de ahora. Ya no se contará con precios altos de los productos de exportación, al contrario, la recesión internacional tiende a extenderse. Tampoco será posible que cada país reaccione aisladamente frente a la recesión internacional”.

La más clara injerencia norteamericana está dirigida a subvertir la situación en Venezuela. Las recientes declaraciones del Presidente Obama en que extendió por un año la declaratoria de “emergencia nacional” sobre Venezuela, que se suma a las amenazantes declaraciones de personeros de la oposición que se han propuesto acortar el período de gobierno del Presidente Maduro, pasando por sobre la institucionalidad vigente. Obama ha dicho que la situación de Venezuela, de la cual por cierto acusa al gobierno, constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.” Esta declaratoria permite a ese país intervenir aplicando variados tipos de sanciones contra Venezuela y al tenor de lo ocurrido en países de África y Medio Oriente y en nuestro propio continente, no se puede descartar una mayor intervención norteamericana de consecuencias impredecibles.
En Chile, la derecha coincide con el propósito desestabilizador de las fuerzas opositoras de dentro y fuera de Venezuela y han intervenido e intervienen en ello. Nuestra posición será de solidaridad permanente con el pueblo venezolano ante las agresiones de las que pudiera ser objeto.
El triunfo electoral de Macri en Argentina envalentona a las fuerzas de derecha y conservadoras del continente.
En Brasil se acrecienta el peligro de un golpe de estado y la imposición de un modelo hegemónico del gran capital.
No exageramos al afirmar que la independencia de A. Latina, frente la injerencia norteamericana y la hegemonía del gran capital financiero, está en peligro, aunque confiamos plenamente en nuestros pueblos, en las fuerzas progresistas y revolucionarias del continente que sabrán continuar la lucha que nos convoca, nos une y nos solidariza.
La batalla que libra Cuba Socialista adopta nuevas formas, y requiere de una intensa solidaridad de los Pueblos. El imperialismo ha debido aceptar su derrota estratégica, pero busca estrangular a la Revolución manteniendo el bloqueo.
El levantamiento del bloqueo a Cuba es una exigencia mundial. EEUU ya no tiene razones para mantenerlo, es una presión inhumana e ilegítima hacia un pueblo que ha resistido todo intento de doblegarlo.
Las visitas del Papa y del Patriarca Ortodoxo a Cuba y del propio Presidente Obama, marcan un punto de incidencia regional y mundial, en las demandas por una paz mundial y por la superación de las desigualdades y forman parte del reconocimiento de Cuba como nación independiente y soberana.
Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, son países involucrados en los diálogos por la paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. La paz es un bien muy preciado, y en Colombia se avanza hacia una paz que incluye reformas sociales y políticas relevantes.
Lamentamos que se interrumpiera el proceso de diálogo por la búsqueda de acuerdos con la hermana República de Bolivia y que hoy ambas naciones estén confrontadas en un litigio en el Tribunal Internacional de La Haya, lo que evidentemente lesiona cualquier propósito de integración u otro tipo de acuerdos por el momento, que esperamos pueda ser superado en un futuro cercano, contando con nuestro apoyo para lograr un gran acuerdo de colaboración entre Bolivia y Chile.
En política exterior debemos profundizar la línea de Chile como un país con mucho más vocación de integración regional no injerencista. Debemos ser más activos en los espacios binacionales y multilaterales de nuestro continente. La reinversión de capital estatal y privado como mecanismos de financiamiento, y de intercambio con otros bloques mundiales, es clave para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo en toda la región.
Requerimos avanzar en la cooperación militar entre nuestras naciones, con vocación de paz, proyectar la defensa de la seguridad regional y continental, sin la presencia tutelar de los Estados Unidos.
Necesitamos mayor intercambio respecto de los mercados regionales, en un contexto posible de superación de las asimetrías y de fortalecimiento de las economías con valor agregado y mejores niveles tecnológicos y de industrialización.
En este sentido se discute la pertinencia de aprobar o no el TPP. Amplios sectores de nuestro país se han opuesto a su implementación, lo hicimos los comunistas bajo el gobierno de Piñera y hasta ahora mantenemos esa opinión. Por parte del gobierno se plantea que las condiciones han cambiado y que Chile no ha retrocedido en sus exigencias, por ello es que hemos solicitado una amplia información y discusión del tema y por lo mismo urge tener a la mano nuestro propio estudio del tratado antes de establecer una posición definitiva.

XIII.- Las FFAA, la democracia y los derechos humanos.

Desde el golpe militar, siempre ha sido una preocupación de nuestros congresos establecer políticas que impidan que esos hechos se repitan y por tanto se busca desarrollar capacidades en la sociedad chilena, que eviten vivir una situación tan trágica como lo fueron el golpe de estado y los 17 años de dictadura. Hemos mantenido una permanente política de verdad, justicia y reparación, haciendo conciencia de los peligros que acechan a la lucha por la democracia y la justicia social.
No nos mueve un afán de odio o venganza. Nuestros argumentos han sido sólidos y acotados a lo que la justicia y el derecho internacional permite. Sabemos que falta mucho aún por hacer para descubrir y enjuiciar a los culpables y sobre todo por conocer más profundamente la verdad, respecto de lo cual esperamos existan mayores grados de colaboración, en especial de las Fuerzas Armadas y que sea incidente en ello la creación de la subsecretaría de derechos humanos.
Sabemos que subsisten grados de desconfianza, como ocurre en otros países y sabemos que no será fácil romper esa barrera. Sin embargo es preciso buscar un tiempo en que se destierre la concepción de “enemigo interno, por un lado y por el otro, la idea del “potencial enemigo” de los avances en justicia social, mayor igualdad y democracia.
Debemos también superar los tiempos en que el acercamiento de partidos de izquierda democrática a las instituciones armadas era considerado subversión e infiltración, mientras que los fuertes lazos de la derecha abrieron camino al golpe para conseguir los fines de esos partidos y sus representados.

El General ® Ricardo Izurieta Caffarena explicaba la postura del Ejército con las siguientes palabras: “La doctrina presupone un vínculo efectivo y vital entre el pensamiento y la acción, orientando la conducta de cada uno de sus integrantes conforme a los postulados particulares de dicha doctrina”.

“Por ello nos resulta tan ajeno que un soldado tome partido por uno u otro sector de la sociedad, como asimismo, incomprensible nos resulta que determinados sectores se atribuyan cercanía o lejanía respecto al Ejército”.
“…resulta contrario a esta doctrina, el apego a corrientes o ideologías que no sean exclusivamente los postulados de la propia Institución y del país, ello se explica porque nuestro ámbito de acción, junto con nuestra vocación de servicio, se aplican sin excepciones a toda la sociedad.”

“Espero que comprendan que en el ejercicio de la sana y recta doctrina, muchas veces pueden ser criticados e incomprendidos, ya que algunas personas, pueden esperar, legítimamente una conducta diferente ante situaciones específicas, sin embargo la alteración valórica de la doctrina, lleva a la pérdida de la jerarquización de los valores de la misma…”
Las conductas, entonces, deben ser coherentes con este concepto, porque con nuestros actos reafirmamos la vigencia de la doctrina y le damos un sentido proyectivo a las tradiciones, principios y valores que la sustentan.

De allí que cuando en los últimos años, enfrentados al desafío único de recomponer la convivencia nacional, quien les habla no tuvo duda que había que asumir, en los hechos, una conducta moral propia de esta doctrina. Ello explica los esfuerzos del Ejército y su contribución en distintas instancias, en beneficio de la unidad nacional, paz social y de superar las diferencias del pasado.”
Estas afirmaciones fueron hechas hace 10 años por el que fuera comandante en jefe del Ejército. De sus palabras podríamos desprender que las FFAA actuales no son las mismas del golpe, pero es difícil sustraerse al hecho que doctrinaria y simbólicamente lo son, porque no ha existido una superación clara de la doctrina, ni un intento institucional de reconocer la gravedad de las acciones contra el pueblo de Chile que se asumieron en su nombre.

El golpe no fue un mero acto pacificador, ni de recomposición de la unidad nacional, sino que fue la instauración de un régimen refundacional, sobre la base de la aplicación de la fuerza y el terrorismo de Estado durante 17 años, que entrañó la instalación de una dictadura, la que asumió una postura política e ideológica que sólo representaba a un sector de la sociedad. Evidentemente, nunca más tal proceder debe ser parte constitutiva de la doctrina militar de las FFAA.

Sería largo argumentar, de la mano de las evidencias históricas, sobre el papel jugado por las Fuerzas Armadas, basadas en los hechos y en la desclasificación de documentos de diversas entidades internacionales. Evidencias que dejan claro, además, que la doctrina de raigambre democrática que entonces ostentaban las Fuerzas Armadas, fue horadada por un pensamiento conservador de derecha, por los intereses de grandes consorcios y por la intervención manifiesta de una potencia extranjera, que finalmente las llevó a pasar por encima de la Constitución Política del Estado, que nos regía en esa etapa de nuestra historia.

Teniendo en cuenta todo ello, no podemos dejar de considerar que las Fuerzas Armadas son necesarias en la conformación del Estado, por tanto nuestra discusión debe ir en la dirección de propuestas sobre el carácter que deben asumir éstas y un aspecto de gran importancia es el doctrinario, en que lo fundamental es perseverar en la paz en las relaciones con otros países, asegurar la defensa territorial y nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales, contribuir en misiones de Paz de las NNUU y otras que ya realizan, como ha sido la eficaz labor de auxilio y reconstrucción en caso de catástrofes.

Una ocasión propicia para avanzar en propuestas sobre este tema será el proceso sobre Nueva Constitución Política del Estado.
Hay elementos para dar esa discusión, aunque todavía pese en ello el pasado reciente. El monopolio de las armas que ostentan las FFAA les otorga una inmensa responsabilidad que debe ser asumida con el conjunto de la sociedad, en bien de ella y en el bien entendido de la diversidad de pensamiento que la conforma.

Ya en el Parlamento se discute sobre la necesidad de reformar la Justicia Militar y terminar con la Ley Reservada del Cobre, asumiendo una nueva forma de financiar a las FFAA, sujeta a la fiscalización, como se hace con todo gasto del Estado, con las consideraciones relativas a la reserva de ciertos aspectos de la defensa nacional, pero convencidos de que así como no puede haber impunidad a casos de crímenes de lesa humanidad, tampoco puede existir la falta de control de los gastos de la defensa nacional, al tenor de los hechos delictuales cometidos por falta de control y fiscalización.

XIV.- Desafíos del Partido.

Como ustedes podrán inferir, a lo largo de este Informe y de lo planteado en la Convocatoria al Congreso y de lo que cada uno de ustedes y el conjunto del partido han discutido y resuelto, las tareas que tenemos por delante son muchas y todas de primer orden. Esto nos obliga a hacer los esfuerzos necesarios para ponernos a tono de esta gran responsabilidad.
En primer lugar nos proponemos elegir un nuevo Comité Central que responda a los desafíos del presente y el futuro inmediato con una gran capacidad de dirección, de mayor incidencia en la vida política nacional, de relación permanente con el conjunto del partido, alentando la unidad y la lucha del pueblo y los trabajadores.
Un Comité Central convencido de llevar adelante nuestra política que hoy claramente es la de dar continuidad al proceso de reformas iniciado bajo este gobierno, sin olvidar por un instante que nuestro partido es un instrumento al servicio de los trabajadores y del pueblo de Chile.

Necesitamos por tanto mejorar y superar prácticas partidarias que nos frenan; nos tienden a encapsular y nos impiden una mejor relación e inserción de masas. Y las nuevas autoridades partidarias tendrán que establecer las formas de adecuación, sin trastocar nuestra cultura, a la nueva ley de partidos políticos.
Es un paso adelante, de la mayor importancia e incidencia que nos propongamos en este Congreso elevar la participación de nuestras compañeras en el Comité Central de un 20 a un 40%.
Ello en el camino de potenciar a todo nivel la capacidad de dirección, con más cuadros, con mejor coordinación entre los diferentes frentes e instancias partidarias.

La elección del nuevo Comité Central debe ayudar a superar las deficiencias que se presentan al asumir el partido una cantidad de funciones que hace un par de años no teníamos, entre ellos la responsabilidad de gobierno y en el parlamento.
Ha sido muy importante, por ejemplo, constatar la incorporación de profesionales a colaborar en el análisis y con ideas en aspectos tan importantes, como en la economía, donde economistas jóvenes y no tan jóvenes trabajan en equipo, lo mismo sucede con los apoyos a la labor legislativa, con abogados, periodistas y otros profesionales, comisiones como las de educación, salud y laboral han jugado un papel de relevancia en nuestro qué hacer.

Es preciso resaltar el papel jugado por las compañeras y compañeros a quienes les ha correspondido participar como funcionarios de gobierno. Entre ellos por cierto la ministra de la mujer, el ministro de desarrollo social y la subsecretaria del trabajo y previsión social. A lo largo de Chile muchas compañeras y compañeros comparten ese rol de alta responsabilidad. Cada aspecto de su trabajo debe constituirse en una riquísima experiencia para nuestro partido.

Y como no saludar la presencia de nuestros dirigentes sociales que se han puesto a la cabeza de importantes organizaciones de trabajadores y del pueblo, que con su quehacer diario impulsan la lucha por sus derechos. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que junto a ellos juegan un gran papel nuestros concejales.

Sobre todo queremos reconocer la gran actividad desarrollada por nuestros miles de militantes, hombres y mujeres, con el fin de concretar en la práctica nuestra política, militantes, muchos de ellos nuevos, que han acrecentado su presencia en células, comités comunales y regionales, instancias en las que asumen los desafíos del presente. En mucho depende de ellos la consolidación y avance de nuestra política.

Es para el Partido de gran significado resaltar el papel jugado por nuestras Juventudes Comunistas cuyo fortalecimiento forma parte de nuestro desarrollo. El paso de muchos de sus cuadros, formados en sus filas, tanto en la acción práctica de lucha como en la preparación ideológica, es una notable contribución al mejoramiento de nuestro trabajo.
Nuestras juventudes comunistas, juegan un rol destacado a nivel nacional y han sido importantes protagonistas en los procesos de transformación.

Así ha sido desde la recuperación de las federaciones estudiantiles en los años 80´ en plena dictadura, la lucha por recuperar la democracia, hasta un complejo año 2011 que se constituyó como un momento histórico de alta masividad y radicalidad sin precedentes desde los años 90, hecho que respondió a un diseño y proyección política de nuestra juventud y que tras varios años de acumulación de fuerza y descontento permitió agudizar las contradicciones del modelo educacional chileno.
Reconocemos en las juventudes comunistas la firme voluntad de contribuir al esfuerzo que hace el partido por transformar Chile en un país más democrático y justo, entre los estudiantes, los jóvenes trabajadores y los pobladores, así como entre aquellos que se desenvuelven en los planos de la cultura y el arte.
Hoy, al asumir nuestras nuevas responsabilidades nos obliga a un crecimiento cuantitativo del partido y de la juventud. Crecimiento cuantitativo significa muchos más personas vinculadas al trabajo político diario.
Por ello, el refichaje a que nos obliga la ley, debemos asumirlo como un desafío, pero también como una oportunidad para fortalecer nuestras filas.

Estamos seguros que el proceso chileno seguirá avanzado en la medida que el pueblo, las mayorías nacionales, tengan un mayor protagonismo e incidencia política. El Partido Comunista continúa adelante con el proceso de revolución democrática, para avanzar con la fuerza de las ideas, para cambiar el injusto sistema neoliberal por uno de democracia plena, igualdad y justicia social. Luchamos por el socialismo en que la democracia participativa, la igualdad y la libertad, que procuran la realización plena del ser humano y sus derechos está por sobre otros valores, sin dejar de tener en cuenta los procesos revolucionarios que nos dejan experiencias y lecciones históricas y los esfuerzos que se hacen en diversas latitudes por defender las ideas socialistas y avanzar en la práctica frente a las circunstancias actuales. Somos sobre todo consecuentes con nuestra propia historia y con la del pueblo de Chile.

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