El Frente Guasu, coalición de partidos políticos y organizaciones sociales paraguayas, encabezará la batalla en la última sesión ordinaria del Senado este año por la aprobación de dos leyes vitales para combatir la pobreza.


La primera presentada por su bancada renueva la demanda de establecer un impuesto de 15 por ciento sobre el valor de la exportación de granos en estado natural, especialmente soja, maíz y trigo que, planteó, enriquece a grandes agroexportadores y multinacionales extranjeras sin réditos justos para el Estado.

Esta será la segunda vez que se debatirá la aplicación de tal impuesto pues fue aprobado en la anterior ocasión y vetado posteriormente por el presidente Horacio Cartes, pero los senadores progresistas entienden imprescindible luchar ahora por su aprobación, a pesar de la feroz resistencia de los gremios empresariales.

Ese será el primer proyecto a debate en la jornada de este jueves, la última antes de entrar en receso el Parlamento que sólo reanudara labores en marzo del 2015, y fue presentado por los senadores Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Sixto Pereira y Esperanza Martínez.

La iniciativa establece, que lo recaudado con el tributo, calculado en 400 millones de dólares anuales, sea distribuido en 50 por ciento para la adquisición de tierras para la reforma agraria, 20 por ciento para apoyo a la agricultura familiar campesina 20 por ciento para atención primaria a la salud y 10 por ciento para obras viales.

La senadora Martínez graficó las ventajas al plantear que, entre otras cosas, esos recursos permitirán construir dos mil 250 aulas equipadas, contratar tres mil 451 docentes, edificar 45 centros de salud también equipados, contratar mil médicos y asfaltar 180 kilómetros de rutas rurales.

La otra ley a debate en la misma sesión, también presentada por el Frente, se refiere a la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación, estableciendo una política de Estado que lo garantice a toda la población.

Este proyecto fue consensuado con las organizaciones campesinas e indígenas del país y fortalecería la seguridad alimentaria en forma progresiva y sin regresiones, de acuerdo a sus defensores.

(Javier Rodriguez Roque - PL - tgj/jrr)

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