Desde comienzos de este año se ha producido una escalada en las sanciones, declaraciones e injerencias internacionales, respondiendo a un plan desestabilizador urdido desde Washington y secundado por la Unión Europea y el gobierno de España, Canadá, el secretario general de la OEA y varios gobiernos derechistas de América Latina.
Las sanciones unilaterales decretadas por EE.UU. y la U. E., que se presentan como dirigidas contra altos funcionarios del Estado venezolano, en realidad afectan a la vida cotidiana de todo el pueblo venezolano al condicionar la capacidad soberana del país de negociar la deuda y los pagos para importar bienes esenciales como alimentos y medicinas. Así mismo el bloqueo financiero afecta a las transacciones financieras de la industria petrolera y a la compra de algunas materias primas necesarias para la producción de las industrias básicas. Los efectos de estas sanciones se ven agudizados por la grosera manipulación del tipo de cambio ilegal para inducir a una elevada inflación y deteriorar el poder adquisitivo de la población con el objetivo de sembrar el caos social.
La intensificación del bloqueo económico y financiero está siendo acompañada por la acción desestabilizadora en el plano político, destinada a torpedear el diálogo desarrollado entre el gobierno bolivariano y la oposición en la República Dominicana, alentando a los sectores radicalizados a desconocer las decisiones institucionales y soberanas de la Asamblea Nacional Constituyente. Así, tras haber estado exigiendo la convocatoria sin dilación de la elección presidencial, la rechazan ahora cuando esta elección ha sido aprobada por la ANC para realizarse en el primer cuatrimestre del año.
Debemos denunciar la actitud persistentemente injerencista de la Unión Europea y el gobierno de España en los asuntos internos de Venezuela, que arrogándose un papel de árbitro o juez de la democracia venezolana se ha sometido por completo a la estrategia desestabilizadora liderada por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano. Frente a ello el Gobierno Bolivariano ha tomado las medidas necesarias en defensa de su soberanía nacional y de acuerdo con el derecho internacional, como la declaración de persona Non Grata del embajador español en Venezuela, actuando en ello de acuerdo al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por la que los agentes diplomáticos “están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos” del Estado receptor.
Los Comunistas de Catalunya exigimos el cese de esta ofensiva política y económica de carácter desestabilizador de la que son partícipes los gobiernos de España y la U.E. y queremos mostrar de nuevo nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y sus instituciones de gobierno, apoyando el proceso de diálogo desarrollado en República Dominicana en defensa de la paz, la democracia y el bienestar social y la celebración de la elección presidencial en los tiempos fijados por sus legítimas instituciones en un clima de paz y libre de injerencias internacionales.
Comunistes de Catalunya
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