Fuente: + CCOO
Adjuntamos intervención del compañero Alfredo Cabeza Bertoa (Fed. Construcció i Fusta CC.OO Catalunya) en el Consejo Confederal sobre el asunto, tambien adjuntamos la denuncia interpuesta.
Intervención al Consejo Confederal 19/01/2016 del Secretario General de la Federació d´Industries de la Contrucció i la Fusta de CCOO de Catalunya.
Buenos días y buen año a todos y todas.
Me dirijo a este Consejo Confederal para comunicaros que hemos interpuesto demanda de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, en la Audiencia Nacional, por las decisiones y actitudes antidemocráticas en el proceso de fusión de FECOMA y FSP de Catalunya.
Somos la única organización de todo el estado que, aún queriendo, no ha podido realizar su congreso de fusión como había aprobado este Consejo, como se determinaba en las normas congresuales y como estableció la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Construcción y Servicios con la convocatoria del congreso para el día 12 de junio de 2014.
La celebración del congreso no ha sido posible porque la Secretaría General de la CONC, la Secretaría General de la FSP y la Comisión Ejecutiva de la CONC decidieron no respetar la voluntad democrática expresada por sus afiliados/as en sus asambleas y conferencias.
Consecuencia de una interpretación preventiva en la que decidieron que, en nombre y por el bien de CCOO de Catalunya, los/as delegados/as elegidos/as no estaban capacitados/as para ejercer su derecho democrático a decidir su dirección y sus políticas sindicales.
Establecieron una estrategia dilatoria negando el proceso, la constitución del Comité de Enlace y la determinación de la fecha del congreso, mostrando con sus actos mala fe negocial, deslealtad normativa y orgánica.
Una estrategia que cuestionó la legitimidad competencial y normativa de la Federación Estatal en la convocatoria del Congreso, alegando instrumentalmente su confederación voluntaria con la CS DE CCOO pretextando un conflicto de legitimidades para solicitar la suspensión del congreso de fusión a la CEC.
Una estrategia que les llevó a alegar unas demandas judiciales de compañeros/as de la FSP como motivo de inseguridad jurídica si se celebraba el Congreso de Fusión. Demandas que no supusieron ningún problema en el Congreso de Constitución de la Federación Estatal, y paradójicamente en los procesos de fusión territorial en el marco de la CONC.
Una estrategia que encontró amparo en la Comisión Ejecutiva Confederal, que una vez suspendido el congreso, se mantuvo inactiva durante más de ocho meses, haciendo caso omiso de escritos dirigidos por nuestra organización y por la mayoría de los delegados/as elegidos/as y que nunca obtuvieron respuesta, y omitió deliberadamente la desaparición de la supuesta causa que dio pie a la suspensión (demandas judiciales) 20 días antes de la finalización de plazos que determinaban las normas para realizar los congresos de fusión.
Comisión Ejecutiva Confederal que después de ocho meses, resuelve que queda extinguido el mandato de los delegados elegidos/as al sobrepasarse los límites temporales establecidos en las normas. Olvidándose deliberadamente que es la causante de sobrepasar los plazos que en su resolución alega para dar por extinguido el mandato de los delegados/as.
La Comisión de Garantías Confederal ratifica la decisión de la Comisión Ejecutiva Confederal con el mismo argumento. Sin entrar en el fondo de la cuestión, en el comportamiento de la Comisión Ejecutiva Confederal en el desarrollo de la suspensión, que con sus omisiones deliberadas es la única causante de sobrepasar los plazos, dejando en indefensión a los delegados/as consumando con ello un fraude a la democracia, un fraude de ley.
El resuelve de la Comisión de Garantías Confederal es paradójico, insta a la FECyS a convocar un nuevo proceso congresual o lo que es lo mismo, devuelve las competencias y legitimidad a quien la Comisión Ejecutiva Confederal con la suspensión y su posterior resolución se las quitó, pero entre el acto inicial y final, consiguen su objetivo: anular el mandato de los delegados/as elegidos/as democráticamente, por consiguiente anular el Congreso de Fusión.
La conclusión de este proceso nos deja algunas preguntas, ¿por qué la Comisión Ejecutiva Confederal acepta que se ponga en cuestión la confederalidad?, ¿La confederalidad se conecta en los derechos y se desconecta en las obligaciones?, ¿Las normas que acordamos en los órganos de dirección entre todos/as son de obligado cumplimiento para unos y para otros no?, ¿Negar y boicotear por una de las partes el proceso acordado, da carta de naturaleza para no convocar un congreso?, ¿La existencia de unas demandas da carta de naturaleza a la suspensión de un congreso?
Más allá de las discrepancias o no en las estrategias y decisiones sindicales que adoptamos en los órganos de dirección, lo que está en cuestión es la legitimidad, en la que se sustentan los órganos de dirección para adoptarlas, cuando se vulneran las decisiones democráticas que toman sus afiliados/as para conformar ilegítimamente unas correlaciones de fuerzas que permitan unos determinados órganos de dirección.
Lo que está en cuestión es la viabilidad de la participación democrática en la organización, los principios de confianza sindical, lealtad orgánica y buena fe, lo contrario es aceptar la autarquía política en la organización. La instrumentalización en este y otros casos realizada por la Comisión Ejecutiva de CCOO de Catalunya institucionaliza la filosofía de que “el fin justifica los medios”, como prácticas naturalizadas aceptadas socialmente en el seno de la organización. Practicas que constatan una profunda crisis de valores, ética y democrática.
Podemos redactar códigos éticos, pero los hechos demuestran que no obedecen a una voluntad real, obedecen a operaciones estéticas justificativas hacia fuera, porque existe un divorcio entre el discurso y la practica hacia adentro. Se hace necesario la autocrítica, la reflexión y un movimiento transversal que ponga en marcha un verdadero proceso de regeneración democrática.
La credibilidad de una organización de clase, está en su factor reputacional más inherente o consustancial, la calidad de su vida democrática que permite participar a los trabajadores para ser sujetos protagonistas de los cambios. Sin democracia nos situamos ante un proyecto sindical tutelador y gestor de la realidad en contraposición a un proyecto sindical transformador de la misma, que sitúe al mundo del trabajo, al movimiento obrero en la centralidad de la acción política y precursor del cambio social.
Nuestra organización, el movimiento sindical, nos encontramos en una encrucijada para definir nuestro papel y acción en la organización del conflicto social, ante los cambios legislativos que determinan un cambio de modelo social y de las relaciones laborales con consecuencias nefastas para la clase trabajadora. Cuanta más cohesión, unidad y lealtad en el debate es necesaria para afrontar este reto, parece que algunos dirigentes, y prefiero pensar que desde su debilidad como dirección, persiguen uniformar el pensamiento, eliminar la pluralidad y la capacidad crítica de sus afiliados y de sus organizaciones para que no cuestionen las políticas y las formas de gobierno.
Nuestra decisión parte de un firme respeto a las convicciones que nos llevaron a organizarnos como trabajadores, de un firme sentido de pertenencia a CCOO, a sus valores, a su historia y a lo que representa, esas convicciones nos llevan a no aceptar como natural la precariedad democrática.
La solución sindical a este conflicto democrático es permitir a los/as delegados/as al congreso de fusión ejercer el derecho a decidir su dirección y políticas sindicales para lo que fueron elegidos/as.
“El derecho a la democracia se consigue reivindicándola, ejerciéndola, respetándola y defendiéndola; para que este atributo de la libertad no se pierda” eso es lo que hemos decidido por convicción defender.
Viva la democracia. Viva CCOO.
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